El gobierno de Colombia le pidió a Ecuador que una eventual expulsión de presos sea ordenada y acorde con las normas internacionales. Analistas advierten que esta situación podría representar un desafío para la administración Petro y desencadenar un lío diplomático.
“Colombia dijo que nos quería ayudar y yo dije: ‘perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que estamos manteniendo en cárceles ecuatorianas’”, manifestó Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Como respuesta, el Gobierno de Gustavo Petro emitió un comunicado en el que advierte que tiene toda la intención de colaborar con Ecuador, pero de una forma ordenada y siguiendo con los requisitos de ley, es decir, con repatriaciones individuales y no masivas.
“El año pasado se registraron 10 solicitudes de repatriación de colombianos presos en Ecuador y de esas se aprobaron 7, es decir, es un mecanismo que funciona regularmente, pero no es un mecanismo masivo. Es un mecanismo que se estudia caso por caso”, manifestó Néstor Osuna, ministro de Justicia, en Noticias Caracol.
Para el internacionalista Mauricio Jaramillo, esta decisión de Ecuador es un desafío para Colombia en temas de seguridad nacional y judicial. Además, que el anuncio fue unilateral y no cumple con los tratados internacionales.
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“Hay un vacío: la justicia colombiana no los puede condenar. Esas personas no pueden ser encarceladas en Colombia, porque aquí no tienen cuentas”, dijo Jaramillo.
Por su parte, Julio Londoño Paredes, excanciller, manifestó que la situación podría desencadenar en un choque diplomático que no es conveniente para ninguna de las dos naciones: “Es una situación en la que se necesita la solidaridad del Estado con el cual tiene una frontera más abierta y más dinámica”.
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Es importante recordar que en años anteriores los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Fidel Castro, en Cuba, tomaron medidas similares a la que planteó Ecuador.