La Corte Constitucional dio órdenes al Gobierno nacional para que se garantice la seguridad de los líderes sociales en Colombia. Estas medidas fueron emitidas luego de que el alto tribunal declarara el estado de cosas inconstitucionales por la vulneración de los derechos a esta población.
Esto quiere decir que el Estado colombiano está incurriendo en una violación de los derechos fundamentales de este sector ya que incrementaron las amenazas, son insuficientes las medidas de seguridad y persiste la estigmatización.
Ante esta situación, la Corte Constitucional ordenó evaluar el riesgo en el caso concreto de 20 personas que interpusieron una tutela.
Así la situación, el Gobierno nacional deberá disponer de la capacidad institucional y el presupuesto para la protección, pues durante 2023 han sido asesinados 157 líderes sociales en Colombia.
La Corte Constitucional ordenó a Planeación Nacional, Procuraduría y Fiscalía diseñar un plan integral para prevenir y enfrentar la violencia contra los líderes sociales.
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