Bajo la lupa de la Procuraduría hay 2.017 contratos sospechosos que suman más de $800 mil millones. Fernando Carrillo denunció que están usando ayudas con fines políticos.
En ocho departamentos recaen diez investigaciones por parte de la Procuraduría General. Están relacionados con la entrega de mercados a los afectados por la cuarentena nacional decretada ante la pandemia del coronavirus .
El procurador, Fernando Carrillo, manifestó que los ojos está sobre San Andrés, Arauca, Cesar, Acacías, Puerto Gaitán, Gobernación del Atlántico, Soledad y Malambo. “Los pocos recursos que tenemos los están convirtiendo en recursos de la corrupción”, lamentó.
Precisó, por ejemplo, que en el departamento del Cesar se gastaron más de $13 mil millones en la compra de cien mil mercados y que un veedor ciudadano demostró que los productos, en un supermercado de grandes superficies, costaba 50% menos de lo que está cobrando el contratista.
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Por el lado de Arauca, indicó que están bajo investigación “las famosas latas de atún a $19.000 y bolsas de leche a $13.000”.
En Cúcuta, actualmente hay un contrato de edición de un libro de un hospital, “cuando lo que se requieren son recursos de la salud para afrontar la pandemia”.
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Destacó que la denuncia de Noticias Caracol sobre lo que ocurre en La Palma (Cundinamarca), donde una empresa de mantenimiento de carros fue contratada para repartir mercados, y que a su vez estos presentan costos elevados, también está en vigilancia.
Vea más de esta denuncia:
¿Por qué empresa que repara carros ganó contrato de mercados para pobres y cobra más por productos? Otro hecho indignante fue el uso de estas ayudas en temas políticos: “los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de los mercados. Estos son recursos de los colombianos e interceden para que se los den, no a los más pobres, sino a sus clientes políticos”.
Carrillo envió un mensaje a los administradores: “ojo señores gobernadores, ojo señores alcaldes, no contraten con empresas que no sean idóneas”. Además, manifestó que las irregularidades y sus sanciones van en conjunto con la Contraloría y la Fiscalía.
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“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de contratos, las suspensiones de los funcionarios involucrados en estas vagabunderías. Todos estos que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres”, puntualizó.
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