La Dirección de la Policía confirmó que la respuesta de los uniformados que habrían disparado, el pasado 26 de abril, contra unos jóvenes que se movilizan en una camioneta en un peaje entre la víaUbaté-Zipaquirá fue desmedida. Una actuación desproporcionada por la utilización indebida de sus armas.
“Así como tuvieron las agallas de disparar de frente contra mi hermano y matarlo, así respondan en una cárcel, que haya justicia de verdad”, exclamó Edna Mahecha, hermana de joven muerto en procedimiento policial.
Las palabras de Edna resumen el dolor que vive la familia desde que su hermano murió luego que la Policía disparara en medio de un procedimiento, al parecer irregular, que hoy la misma institución confirma a través de un documento de 39 páginas, el cual revela que los uniformados accionaron sus armas a la ligera, sin la cautela debida.
“Un joven de 23 años que no solo fue él, nos mataron a nueve, porque estamos muertos en vida, ya mi hermano no va a volver, ahora toca verlo en un cementerio, entonces pedimos que haya una condena ejemplar para estas tres personas”, manifestó Edna.
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En su momento, las autoridades entregaron diferentes versiones del porqué dispararon: que no atendieron una señal de pare, que iban a realizar un atraco, que intentaron arrollar a los uniformados con la camioneta, todo esto, según la defensa de las víctimas, quedó desvirtuado por la misma institución.
“Ya es básicamente la Policía Nacional, a través de un fallo, en el cual sanciona a uno de los policiales que acepta su responsabilidad, donde señala que el actuar de ellos fue totalmente desproporcionado”, indicó Saúl León, representante de las víctimas.
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¿Qué implicaciones penales podrían tener este fallo en primera instancia contra los uniformados que dispararon?
“Que esto no se trató de un exceso de la fuerza sino un homicidio en contra de la humanidad de Mario Steven Mahecha Cortés y Manuela Zapata, un homicidio en grado de tentativa”, agregó León.
Aunque la investigación señala a tres uniformados, solo uno de ellos confesó su responsabilidad, por lo que la Dirección General de la Policía lo destituyó de su cargo e inhabilitó durante tres años. Los otros dos siguen vinculados a la investigación.