La captura de Richard Aguilar fue una actuación urgente de la Corte Suprema cuando evidenció que podría estar influyendo para obstruir la investigación en su contra por irregularidades en contratos cuando fue gobernador de Santander.
Para la sala de instrucción lo más grave sería la influencia sobre la actual gobernación de ese departamento, que está en cabeza de Mauricio Aguilar, hermano del implicado y, desde donde habrían entregado información errónea a los investigadores, además de reportar la perdida de pruebas.
Ante los graves hechos de presentación y falta de documentación probatoria por parte de la actual administración de Santander, como también de la desaparición, ocultamiento de documentación pertinente que podría comprometer aún más la responsabilidad penal del sindicado se deberá intensificar las labores investigativas a fin de buscar y encontrar la evidencia perdida ocultada; así como también para evitar que otros medios probatorios corran la misma suerte de aquellos. Situación que sin duda alguna estará mejor garantizadas y el sindicado está en imposibilidad física de obstruir hoy seguir en esta importante labor investigativa.
En la medida de aseguramiento contra Richard Aguilar también se cita la forma como se habría ofrecido dinero a los principales testigos buscando su silencio. Ofrecimiento que habría hecho Julián Jaramillo, amigo y director de infraestructura durante la administración de Richard Aguilar.
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Julián Jaramillo se atrevió a visitar a los esposos Toledo Pardo en su residencia para ofrecerles 2.800 millones de pesos recogidos por todos los involucrados en las investigaciones de la Fiscalía, con el fin de obtener la aprobación de un preacuerdo a cambio de no señalarlos en sus declaraciones incriminatorias, incluido el señor Richard Aguilar.
En el documento, la Fiscalía también describe la falsificación de un documento fundamental en la adición al contrato para el reforzamiento de la villa olímpica.
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La Policía Judicial evidenció que se trataba de una prueba espuria creado el 18 de diciembre de 2020, habida cuenta que el original fue enviado a la Corte por el Ministerio del Deporte el 30 de marzo de 2021, con fecha de creación original del 2 de diciembre de 2014.
En la investigación, la corte también evidenció que el exgobernador Aguilar intentó beneficiar a un primo de su padre, el coronel Hugo Aguilar, con un contrato para la vía San Gil - Charalá. Sin embargo, dice la Corte que un error en los trámites llevó a que la adjudicación se hiciera a otro aspirante.
En la medida de aseguramiento la corte hace un duro cuestionamiento a Richard Aguilar.
En lugar de utilizar su alta investidura en la consecución de objetivos sociales comunes, la había empleado para favorecer mezquinos intereses particulares de amigos y socios en el delito modalidad de conducta, que sin lugar a dudas pronostica un muy probable comportamiento futuro coherente con sus conductas pasadas defraudando de nuevo la sagrada investidura del servidor público que actualmente ostenta como senador de la república.
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En su defensa, Richard Aguilar dice que no fue el ordenador del gasto y que si hubo coimas fue a sus espaldas.
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