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“Las cárceles en Colombia son un negocio”, dicen por nuevo escándalo del Inpec con fuga de ‘Matamba’

“En un país serio el ministro de Justicia ya habría dado un paso al costado”, sostiene la Fundación Cárceles al Desnudo. Esto plantean expertos para la reforma al sistema penitenciario.

“Las cárceles en Colombia son un negocio”, pero liquidar el Inpec no es la solución, dicen expertos

El Gobierno creará una comisión que liderará el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y en la que participarán la Policía, miembros del Inpec y expertos académicos para estudiar propuestas en la reforma al sistema penitenciario luego del nuevo escándalo que surgió con la fuga de alias ‘Matamba’.

Esta reforma parte de una premisa: crear una nueva entidad que unifique el instituto y la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, y que esa nueva entidad esté adscrita al Ministerio de Defensa y no al de Justicia, para que en los penales pueda haber vigilancia de Policía e incluso de las Fuerzas Militares.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia a la Justicia, cree que el cambio debe ir por otras líneas.

Para él se debe brindar "acceso e ingreso al Inpec por medio de una carrera sólida y eficiente; segundo, medición de niveles de transparencia de cada uno de los funcionarios del Inpec mediante el polígrafo continuo y permanente; tercero, construcción de mayores cárceles, esencialmente de las de mediana y baja seguridad por medio de la utilización de las alianzas publico-privadas".

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Pero para Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación Cárceles al Desnudo, los penales "en Colombia son un negocio y esto nos deja una reflexión: uno, en un país serio el ministro de Justicia ya habría dado un paso al costado; dos, la liquidación del Inpec no es la solución, debemos depurar el sistema penitenciario de nuestro país".

Sin embargo, la academia, exministros y los integrantes del Inpec no le ven mucho futuro a la reforma planteada por el gobierno Duque, ya que debe presentarse al Congreso y no alcanzaría a ser tramitada y aprobada en el primer semestre del año, antes de que asuman el nuevo legislativo y presidente.

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