Los caminos de los jueces Gustavo Zuluaga Serna y Tulio Manuel Castro Gil nunca se cruzaron, pues uno estaba en Medellín y otro en Bogotá, pero sus historias quedaron unidas por el mismo desenlace: ambos fueron asesinados mientras peleaban contra la impunidad en los primeros crímenes conocidos de Pablo Escobar.
El mayor narcoterrorista del mundo juró vengarse de todos los que ayudaron a desenmascararlo y uno de los primeros sentenciados a muerte fue el juez Zuluaga, quien a sus 51 años emprendió la lucha judicial más osada de su vida, la de exponer al entonces congresista como lo que en realidad era: un narcotraficante y asesino.
El 23 de septiembre de 1983, siendo el juez décimo superior de Medellín, firmó la primera orden de captura contra Pablo Escobar Gaviria, pues a su parecer había pruebas suficientes para llevarlo a la cárcel como el autor intelectual del asesinato, en 1977, de dos agentes del DAS que habían logrado rastrear sus actividades mafiosas.
En una época en la que los expedientes judiciales contra el capo sencillamente desaparecían de los despachos judiciales, el inquebrantable togado fue “una persona que luchó por la justicia, que estaba entregado al cumplimiento de su deber, siempre dijo una frase que no se borrará: ‘Antes muerto que claudicado’”, afirma su viuda, Carmelita Valencia.
Ella asegura que su esposo solía decirle “a mí me van a matar, no sé cuándo”, algo que Carmelita se negaba a creer.
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Al mediodía del 30 de octubre de 1986, el juez Zuluaga iba en el carro junto a su compañera de vida cuando fueron alcanzados por una ráfaga de balas. Nueve disparos en la espalda y otros más en la cabeza acabaron con la vida del jurista. Su viuda, con una bebé en el vientre que estaba a 40 días de nacer, recibió tres disparos, pero sobrevivió.
La niña fue bautizada Ángela María y 37 años después, sin que pudiera conocer a su papá, es su más ferviente admiradora. “Reconstruí una imagen de mi padre a través de fotografías, a través de relatos”, subraya.
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El juez Zuluaga inició una gesta a la que pocos se le midieron, pero en la que no estaba solo. En Bogotá, el juez Tulio Manuel Castro Gil también le declaró la guerra jurídica al mafioso Pablo Escobar, poniendo su lealtad a la justicia por encima hasta de su propia vida.
Él recibió por sorteo la investigación por el homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, cuyo crimen marcó un antes y un después en la lucha del Estado contra la mafia.
Aurora Rocha, su viuda, habla de la llamada que le hizo su esposo para contarle sobre el caso: “Lo primero que me dijo fue ‘reina, no dejes salir a las niñas a la calle solas’. Me dijo: ‘Acaban de asignarme el caso del doctor Rodrigo Lara’”. Cuando ella le preguntó por qué a él, su respuesta fue que “nadie aquí tiene la culpa, eso es la suerte o la no suerte. Pero ten cuidado’. Yo no pensé que íbamos a empezar a sufrir todo ese calvario”.
La pareja ya tenía cinco hijas cuando les llovieron amenazas e intentos de soborno a raíz del caso Lara Bonilla. Les ofrecieron apartamento en Miami y hasta una mensualidad en dólares.
El crimen del ministro causó tanto revuelo que Pablo Escobar y otros capos del Cartel de Medellín se vieron obligados a esconderse en diversos lugares dentro y fuera de Colombia. Y mientras ellos se escabullían, el juez Castro consiguió impresionantes avances en la investigación en solo un año.
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Pero el 23 de julio de 1985, el togado fue acribillado justo después de dictar orden de captura y llamar a juicio a la cúpula del Cartel de Medellín, incluyendo a Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los integrantes del Clan Ochoa y varios de los sicarios que participaron en el asesinato de Lara Bonilla.
“Como a las once sonó el teléfono. Era el escribiente del juzgado y me dijo ‘ay, doña Aurora, es que el doctor sufrió un atentado’, yo entendí que lo habían herido porque él no me dijo lo mataron”, contó su viuda.
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El juez Castro iba en un taxi cuando un carro lo interceptó. De allí bajaron “tres hombres o dos hombres, yo no recuerdo cuántos dijeron, y por lado y lado le dispararon”, describió su esposa.
El rastro del conductor del taxi en el que se movilizaba el jurista se perdió, así como cualquier pista alrededor del caso, pues el expediente misteriosamente desapareció con los años.
“La hija fue al archivo y no aparece el expediente de él, y si uno pide que se reinicie, ¿de dónde? Me pareció terrible porque desaparecieron todo”, afirma doña Aurora.
Tanto Zuluaga como Castro fueron asesinados por ser los primeros jueces en atravesarse a la carrera criminal de Pablo Escobar y, aunque sus muertes quedaron en la absoluta impunidad, sus nombres encabezan la lista de héroes que no se vendieron ni se dejaron amedrentar por el matón.
El Fondo de Acción Solidaria -Fasol-, que apoya a las víctimas de la rama judicial, cuenta a otros 58 funcionarios judiciales asesinados en Colombia entre 1979 y 1989. La mayoría de estas muertes se le atribuyen directa o indirectamente a Pablo Escobar, aunque curiosamente no exista ninguna sentencia judicial que lo establezca.
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