“La paz total no puede ser sin límites, sin reglas y sin protocolos”: defensor del Pueblo

El pasado fin de semana, en una reunión con el ministro de Defensa, los altos mandos militares y el comisionado de Paz, los mandatarios regionales denunciaron un aumento de la violencia en medio del cese al fuego y cuestionaron la paz total. El ministro Iván Velásquez dijo que se pedirá a los grupos ilegales no afectar a la población civil con sus acciones.

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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha dicho que las dudas frente a este proceso han permitido el fortalecimiento de los grupos armados en todo el territorio y además el incremento de delitos y flagelos como, por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores de edad, la extorsión, narcotráfico y la minería ilegal.

El mandatario ha recibido amenazas por parte del Clan del Golfo a través de un comunicado hecho público en las últimas horas.

“Clamamos, porque eso es lo que sentimos en los territorios, por ese rediseño y ese redireccionamiento, porque no cabe la menor duda, lo escuchamos en todos los departamentos, que hay un incremento de las actividades de estos grupos, incremento del secuestro, incremento de la extorsión, y que ese incremento ha sido, en gran medida, producto de esas falencias de esos vacíos a partir del primero de enero de la paz total”, aseguró Gaviria.

Alcaldes en las subregiones de Antioquia coinciden con el gobernador en la preocupación por la situación de seguridad en sus municipios.

“La realidad, o más bien triste realidad, de la subregión del nordeste de Antioquia es que evidentemente hay presencia de grupos al margen de la ley, donde claramente las subregiones atraviesan muchos fenómenos ilegales, donde vale la pena resaltar la extorsión a la que se ven sometidos los comerciantes, los ganaderos, los mineros y también la situación del microtráfico que es, digamos, el fenómeno que atrapa a nuestros jóvenes y niños”, dijo el alcalde de Vegachí, Deison Ulilo Acevedo.

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Situación en otros departamentos

Tomar acciones rápidas y efectivas en materia de seguridad e inversión social en el campo y, sobre todo, una verdadera intención de paz a los grupos ilegales, especialmente al ELN, esa es la solicitud que hacen desde la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica para frenar la violencia en el departamento de Chocó. En lo que va del año, el sur de este territorio se ha visto muy afectado, pues se han presentado 12 eventos de desplazamiento y hay más de 4.000 personas confinadas.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que “ya Colombia se hastió de que se estén burlando del pueblo colombiano, generándoles falsas expectativas. La paz total no puede ser sin límites, sin reglas y sin protocolos. Deben frenar de manera inmediata cualquier hostilidad en contra de la población civil”.

En Nariño, el desplazamiento es una de las difíciles realidades que viven cientos de familias. Los enfrentamientos entre grupos armados disputando el control territorial tienen en crisis a zonas como el Piedemonte Costero.

En el norte del Valle del Cauca, Jamundí, Buenaventura, entre otros municipios, son los más afectados por la presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, que delinquen y causan temor a las comunidades. Uno de los hechos más recientes fue unhostigamiento a empresarios y periodistas en la zona rural de El Cerrito.

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