Luego de seis días de paro minero en Antioquia , hay más de 250 mil personas confinadas, que se están quedando sin alimentos, sin medicamentos y sin garantías de seguridad. La situación es crítica porque, hasta el momento, no hay acuerdos ni diálogos.
Las consecuencias del paro minero en Antioquia cada vez son más graves. Son 16 municipios del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño los afectados. Árboles centenarios han sido derribados en por lo menos 10 puntos de estos municipios para obstaculizar el paso, lo que ha originado ataques a misiones médicas, desabastecimiento de alimentos, medicamentos y afectación en la movilidad.
“Tenemos problemas de desabastecimiento alimentario, están desescolarizados nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro territorio. No hay servicios de bancos, no hay servicios administrativos en el territorio”, dice Jefferson Sarmiento, alcalde de Caucasia.
En el municipio de Segovia hay una comunidad con unos 500 indígenas que permanecen confinados con un brote de malaria y dengue. De 40 muestras, 14 salieron positivas, y entre ellas 11 corresponden a menores de edad.
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Los pacientes no han podido ser trasladados por los bloqueos, tuvieron que usar el carro de bomberos para sacar a los más críticos del territorio.
“La administración gestionó a través de los Bomberos que subieran a las personas que estaban enfermas. Llegaron en total 19 personas, de las cuales fueron hospitalizadas y posteriormente remitidas 16 personas con malaria, solo una fue por dengue”, indicó Ana Amelia Ángel, secretaria de Salud de Segovia.
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Pero esta pesadilla parece no terminar para las cerca de 250 mil personas que están confinadas. El punto de quiebre entre los líderes del paro y la gobernación de Antioquia es la destrucción de la maquinaria utilizada en la minería ilegal.
“Nosotros levantamos el paro apenas se detenga la destrucción de la maquinaria y hasta que nos den una garantía de que se detiene la destrucción de la maquinaria. Inmediatamente, levantamos el paro y seguimos negociando el resto de los 11 puntos que tenemos en discusión”, puntualizó Álvaro Echavarría, vocero de la mesa minera de Vegachí.
Los alcaldes del Bajo Cauca Antioqueño piden ayuda al Gobierno nacional
Los alcaldes del Bajo Cauca Antioqueño firmaron un manifiesto solicitando la presencia del presidente Gustavo Petro y sus ministros para comenzar una mesa de diálogo y darle soluciones a este paro minero que ya completó 6 días.
El daño ecológico de la minería ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño
En el río Nechí, cerca a las zonas de Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Caucasia, inteligencia de las Fuerzas Militares ha registrado con imágenes y video los daños ambientales provocados por la banda criminal el Clan del golfo y el ELN.
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Unas 65 mil hectáreas de bosque han sido consumidas, lo que significa una tala de más de 200 mil árboles y la explotación de los suelos para extraer el oro.
Ríos como Man y Tarazá se ven contaminados por los insumos químicos que usan para separar el oro de la tierra y la arena, entre ellos el mercurio. Agua que antes era clara y potable hoy no solo no es consumible, sino que las cerca de cien mil especies que allí habitaban hoy no existen.
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Inteligencia militar señala que son alrededor de 500 mil pesos lo que esto grupos ilegales le pagan a mineros para que draguen los suelos y exploten el oro. A los mineros legales los extorsionan, según las autoridades, e incluso les piden un porcentaje de sus ingresos para dejarlos ejercer su labor en las zonas donde sí está autorizada esta actividad.
Este año en operaciones de las Fuerzas Militares son 100 las personas capturadas por minería ilegal, entre ellos 20 menores de edad que han sido reclutados para esta actividad.
Además se han destruido 185 dragas, 47 retroexcavadoras, y 587 motobombas empleadas todas para minería ilegal.
A finales del año pasado, el Gobierno llegó a un acuerdo con los mineros ilegales y artesanales de suspender las operaciones de la fuerza pública. Sin embargo, debido a la grave crisis ambiental que se presenta en esta zona del país donde el bosque afectado tardará en recuperarse casi 60 años, las actividades contra la minería ilegal tuvieron que reanudarse.
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