La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, negó la solicitud de sometimiento al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ .
El tribunal, señaló que alias ‘Jorge 40’ no aportó verdad plena y no logró demostrar su rol de bisagra entre el paramilitarismo y miembros de la fuerza pública.
Cabe resaltar que, en el mes de enero de 2023, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ contó ante ese tribunal cómo compraban y traían sus armas a Colombia.
En su declaración, el exparamilitar explicó cómo, en 1997, viajó a Estados Unidos junto con Salvatore Mancuso a comprar elementos de telecomunicaciones y armamento.
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Había “otro paquete más grande que incluía municiones de fusil AK-47, armas y hasta una máquina para calzar munición y se mandaban como si fueran repuestos. Se mandaban a Cartagena”, señaló.
‘Jorge 40’, que se encuentra detenido en una cárcel de Ibagué, aseguró que “todas estas compras eran canceladas por Salvatore Mancuso. Tengo entendido que todo era plata de Carlos Castaño hasta donde pude entender, pagado con una tarjeta de crédito”.
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Cuando ‘Jorge 40’ regresó a Colombia en 2020, tras cumplir una pena en norteamérica, las autoridades dijeron en ese momento que el exparamilitar tenía más de 1.486 investigaciones activas.
Esto por múltiples delitos como asesinato, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado, en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron por lo menos a 60 personas en febrero de 2000 en el departamento de Bolívar.
Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la ley de justicia y paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes como ‘Jorge 40’ perdieron esos beneficios.
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Mancuso cuenta cómo, con ayuda de miembros de la fuerza pública, atacaron a periodistas
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso habló de las alianzas del paramilitarismo con miembros de la fuerza pública, civiles y empresas, entre otros, esto durante el tercer día de audiencia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Según Mancuso, a través del DAS, inteligencia de Policía y Ejército, las AUC obtenían información de seguimientos e interceptaciones ilegales que permitían ubicar a las víctimas, en el caso de los ataques perpetrados contra periodistas.
“Actuamos (las AUC) contra personas que tenían que ver con el gremio del periodismo... periodistas que, de alguna u otra manera, atacaban de manera abierta y frontal las alianzas que teníamos con la fuerza pública y con las instituciones del Estado”, aseguró.
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