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Sentir el miedo y enfrentarse a la proximidad de la muerte se ha convertido en la experiencia más cotidiana para los habitantes del Catatumbo, una región históricamente marcada por la violencia, la disputa territorial entre grupos armados y el control de las rutas clave del narcotráfico en la frontera.
Durante décadas, este conflicto ha generado un clima de inseguridad y tensión afectando gravemente a las comunidades locales.
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, aseguró que “en la región del Catatumbo no se mueve una hoja sin la autorización del ELN y de las FARC, el control total lo tienen las guerrillas y cualquier decisión en el territorio pues se tiene que hacer facultado con autorización de las dos organizaciones. Hoy, cuando vemos que hay esta confrontación armada, la población sigue atrapada”.
(Lea también: Cinco claves para entender la ola de violencia en el Catatumbo por guerra entre ELN y disidencias )
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La economía de la región está profundamente ligada a los cultivos de coca. Históricamente, el Catatumbo se ha consolidado como uno de los territorios más fuertes en este tema, con al menos 56.933 hectáreas identificadas según el último informe de las Naciones Unidas.
Carlos Espitia, director del área de Transformaciones Territoriales para la Paz, Indepaz, manifestó: “Factores no aparecieron en los últimos años. Estos hechos violentos persisten ante la imposibilidad de los diferentes gobiernos de transformar la vulnerabilidad y las condiciones de debilidad de los territorios y sus habitantes. Esta imposibilidad también tiene, por supuesto, efectos sobre la posibilidad de aplicar las capacidades de la fuerza pública”.
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Los principales corredores de movilidad en la frontera con Venezuela y la conexión de La Guajira con Arauca posicionan al Catatumbo como un eje geoestratégico clave para el narcotráfico.
Las autoridades temen que estas millonarias rentas hayan alimentado los puntos más críticos y violentos de la región exacerbando la inseguridad y el conflicto armado.
Defensoría del Pueblo asegura que desde el 2021 estaba advirtiendo de la situación
“La Defensoría del Pueblo venía advirtiendo esta situación. Desde el 2021 venía alertando en su sistema de alertas tempranas que esta situación se podía presentar. La última alerta fue el 15 de noviembre, una alerta de inminencia, en la que justamente se estaba diciendo que había una expansión del frente 33 y se venía exacerbando una tensión entre el frente 33 y el ELN que venía teniendo una especie de acuerdo de coexistencia en el territorio. Ya se veía venir que esto podía romperse y que si se rompía iban a ocurrir cosas como las que están pasando hoy”, adujo Iris Marín, Defensora del Pueblo.
La cruda realidad de quienes habitan en la región es enfrentar constantemente el desplazamiento forzado, la muerte y el temor en un contexto marcado por la violencia y la disputa territorial.
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“Las familias están llorando, están confinadas en el territorio. A muchos ya les han asesinado algún familiar y hasta el día de hoy todavía no han podido realizar el levantamiento ni el traslado de estas personas, pero la mayor zozobra está en que hay muchos retenidos por los grupos alzados en armas”, puntualizó Olguín Mayorga.
Líderes sociales y comunidades enteras continúan bajo amenaza y piden una intervención urgente de las autoridades buscando algún día liberarse del yugo de la guerra.
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