La juez 32 con función de garantías les negó la libertad a tres señalados miembros de la primera línea que asumirían responsabilidades como gestores de paz,
según lo estipulado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la togada, falta claridad frente a la normatividad divulgada por parte de la administración Petro, pues esta solo pretende la suspensión de órdenes de captura contra representantes de algún tipo de grupo al margen de la ley que esté negociando con el Gobierno nacional.
Sin embargo, precisó la jurista, no se habla en ningún momento de la suspensión de alguna medida de aseguramiento ni de la suspensión de algún tipo de investigación judicial o penal contra algún miembro de dichos grupos ilegales.
Es la segunda vez que un juez no concede la libertad a supuestos miembros de la primera línea para que sean gestores de paz.
En la primera ocasión, un juez de conocimiento argumentó que no era el funcionario apto para conceder este tipo de decisiones.
A finales de 2022, el ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó los nombres de los jóvenes que recomendaba dejar libres para que ejercieran funciones de gestores de paz.
La puesta en libertad de estos jóvenes ha sido cuestionada por figuras como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
quien sostuvo en diciembre de 2022 que en la capital colombiana "nadie está en una cárcel por haber participado en una protesta. Están en la cárcel los que están, cinco, que dicen que son de la primera línea. Yo ni siquiera creo que sean de la primera línea, eran unos delincuentes, una gente que usó armas, que torturó personas, que las secuestró. Eso qué clase de protesta es. Eso es un delito”.
Además de la polémica que ha suscitado que jóvenes de la llamada primera línea ejerzan funciones como gestores de paz, se ha sumado la de la suspensión de órdenes de captura contra 16 miembros del Clan del Golfo y Los Pachenca para adelantar negociaciones en el marco de la paz total.
El fiscal Francisco Barbosa ha dicho que no puede levantar esas órdenes de captura y la procuradora Margarita Cabello ha señalado que “no hay claridad” sobre el tema.
No obstante, el programa de gestores de paz anunciado por Gustavo Petro también busca ayudar a 100.000 jóvenes
que, según el mandatario, hacen parte de "la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia”. Por ello también anunció un pago mensual de $1.000.000 para que puedan estudiar.
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