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Pese a que en Colombia la eutanasia es un procedimiento legal, aún es muy difícil acceder a esta. Es el caso de Erika Yanira Morales, una joven de 20 años oriunda de Pasto, Nariño, quien vive desde hace tres con un cuadro de cuadriplejia y que hoy le pide a su EPS Emssanar que la ayude a morir dignamente.
En agosto de 2021, cuando tenía 17 años, Erika recibió un golpe contundente con una botella en una discoteca. El impacto del golpe fue tal, que la dejó cuadripléjica. "Estuvo en cuidados intensivos, en UCI, un año y siete meses. cuando ya despertó, la niña había perdido su movilidad de todo su cuerpo", le relató a Noticias Caracol Alba Morales, mamá de Erika.
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Desde entonces, cuenta su familia, la vida de Erika ha sido un dolor constante y el diagnóstico es desalentador. Según cuenta Tatiana Morales, su hermana, a Erika "le dio un infarto cerebral con secuelas múltiples severas. El mismo especialista nos lo dijo, que no iba a recuperarse".
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La joven de 20 años se comunica hoy señalando las letras del abecedario, y fue así como pidió una muerte digna. "Nos pidió a nosotros que pidamos que ella quiere que le practiquen la eutanasia porque hoy ella ya no aguanta más los dolores", afirma Tatiana, su hermana.
Conmovida, Alba Morales, mamá de Erika, asegura que es un proceso muy difícil. "La miré dar sus primeros pasos". Pese al deseo de su hija, y el apoyo de su familia con la solicitud, Alba asegura que la EPS Emssanar le negó el procedimiento. "Ahí tengo la respuesta de lo que ellos me dijeron. O sea, no favorable".
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El sufrimiento de Erika crece cada día mientras su familia continúa buscando una muerte digna que le permita descansar del dolor.
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En Colombia, la muerte digna busca garantizar que una persona pueda morir de acuerdo con sus decisiones y deseos asistida bajo todo los alivios y cuidados paliativos cuando vive con sufrimientos y dolores intensos. Según explica el Ministerio de Salud, "entre estas opciones, se encuentra la eutanasia como un acto médico para dar fin a la vida de una persona que ha expresado su voluntad de que así sea".
Para acceder a la eutanasia, la persona mayor de edad -que padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, que tenga origen en una lesión corporal o enfermedad grave o incurable- podrá solicitar el procedimiento para morir con dignidad ante su médico tratante -es decir, en su EPS o IPS-, expresando de manera libre e informada su consentimiento.
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El médico deberá verificar que se cumplan las anteriores condiciones y le informará al paciente sobre el procedimiento a seguir, registrando la petición en la historia clínica correspondiente. De igual forma, le notificará al paciente de su derecho a recibir cuidados paliativos, a la adecuación de esfuerzos terapéuticos o incluso de su derecho a desistir de la eutanasia.
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Según el Ministerio de Salud, en el caso que el médico decida que no se cumplen las condiciones para activar el Comité, el paciente puede solicitar una segunda opinión ante otro médico y si persiste la negativa podrá acudir directamente al Comité.
Una vez cumplidas las condiciones, el médico, dentro de las 24 horas siguientes activará el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, el cual tendrá 10 días para verificar la existencia de las condiciones (el consentimiento informado, la evaluación del sufrimiento, la inexistencia de alternativas razonables de tratamiento para la enfermedad o alivio de síntomas) para practicar el procedimiento y, en el caso que estos se cumplan, preguntará al paciente si confirma su decisión.
En caso de que el paciente reitere su decisión de morir dignamente y practicar el procedimiento de la eutanasia, el Comité autorizará el procedimiento y este será programado en la fecha que el paciente lo indique o en un término máximo de 15 días calendario después de reiterada su decisión.
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La eutanasia no tiene costo, tampoco se necesita la intermediación de un abogado y no es un proceso que se pueda adelantar en línea.
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Cifras de la firma DescLAB muestran que, a la fecha, 2023 es el año con más eutanasias practicadas en Colombia. En total, al corte del 31 de diciembre de ese año se practicaron 271 procedimientos, lo que implica un aumento del 49,7% en comparación con el año anterior.