Jhon Jairo Granada Giraldo presentó su renuncia como gerente general de Afinia, filial de EPM

La Junta Directiva de Afinia, filial de EPM encargada de la comercialización de la energía en el Caribe, aceptó la renuncia de Jhon Jairo Granada Giraldo, quien desde marzo de 2024 ocupaba el cargo de gerente general de la empresa.

En un pronunciamiento publicado el 30 de enero de 2025, el Grupo EPM agradeció al ingeniero civil su labor frente a la gerencia de Afinia, destacando sus aportes "desde una gerencia técnica que asumió con valentía para sortear una situación compleja frente a la cual puso al servicio su sólida trayectoria".

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Grupo EPM afirmó que la renuncia del gerente de Afinia se da en medio de una compleja situación con relación a la prestación del servicio público de energía en todo el territorio nacional, especialmente en el Caribe. Esperan que, en los próximos días, puedan dar a conocer quién será la persona que reemplazará a Granada Giraldo en este cargo.

"Entre tanto, en un voto de confianza y gratitud por su gestión, Jhon Jairo Granada será tenido en cuenta para acompañar desde otras funciones el grupo empresarial en razón a sus capacidades personales y profesionales".

Su destacada trayectoria incluye cargos directivos en organizaciones municipales, regionales y nacionales en la prestación de servicios públicos de energía, agua, telecomunicaciones y ambientales.

La situación actual de Afinia

John Maya Salazar, líder del Grupo EPM, manifestó que la sostenibilidad de esta filial está "seriamente comprometida de no tomarse decisiones necesarias de manera oportuna por parte del Gobierno nacional", por lo cual exige esfuerzos mancomunados y el compromiso de muchos actores e instituciones.

El Grupo EPM aseguró que se han realizado múltiples esfuerzos para continuar garantizando el servicio de energía a más de 1,8 millones de usuarios en la región Caribe.

Entre los factores que han impactado el flujo de caja de la empresa enuncian la falta de pago de los subsidios y de la opción tarifaria del Gobierno; el incumplimiento de facturas por parte de las entidades oficiales y protegidas constitucionalmente; los altos costos de la operación comercial y la difícil recuperación de los indicadores de recaudo.

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