Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el último año se ha registrado una desescalada de la violencia en el país. No obstante, han aumentado los secuestros y extorsiones de los grupos armados ilegales.
Según el informe de la JEP, entre enero y octubre de 2022 se registraron 155 casos de secuestro. En el mismo lapso, pero de 2023, se han perpetrado 276 casos. Expertos aseguran que la violencia se está sectorizando en algunas regiones de Colombia.
“Los aumentos de la violencia asociada a las rentas ilícitas pueden estar relacionados con fenómenos de crimen organizado y multicrímen principalmente en ciudades y no necesariamente a una violencia que se explique por los grupos armados que en este momento mantienen una negociación con el Gobierno nacional”, recalcó Jorge Mantilla, analista de conflicto.
Aunque aumentaron la extorsión y el secuestro, el informe de la JEP evidencia una desescalada de las confrontaciones entre grupos armados y fuerza pública. Las emboscadas y hostigamientos han tenido una reducción del 37% y 52% respectivamente.
Algunos analistas creen que estas últimas cifras son el resultado de la política de paz total.
“La paz total ha contribuido a la reducción de varios de los indicadores. El homicidio en general ha disminuido en zonas de influencia de grupos armados. La gente creyó que la paz total era la ausencia de presencia militar y eso tampoco corresponde a la realidad. La fuerza pública sí ha seguido operando”, agregó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación.
Publicidad
Sin embargo, en territorios como el Cauca la percepción de la violencia es diferente.
“Hay que decir que en algunos departamentos del suroccidente de Colombia la situación parece contraria. El nivel de asesinatos, amenazas y reclutamiento de niños, sumado a la extorsión, indican que el Gobierno nacional y el Estado debería redoblar sus esfuerzos para que la tranquilidad en estos territorios sea una completa realidad”, aseguró Edwin Mauricio Capaz, líder del Cauca.
Publicidad
Para los analistas, la percepción del aumento de la violencia en medio de las negociaciones de paz es diferente a las cifras que se registran. Además, el trabajo del Gobierno será proteger a los líderes sociales y evitar el control territorial de los grupos ilegales.