La JEP
ordenó el arresto por dos días de Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca, al considerar que hubo falta de control en el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por el alto tribunal que buscan proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
La Jurisdicción Especial para la Paz había citado a Clara Luz Roldán a una audiencia pública en noviembre de 2023, a la que asistieron magistrados y víctimas que esperaban oír qué acciones estaba emprendiendo la gobernación para proteger esas zonas de interés y recuperar los cuerpos de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Sin embargo, la gobernadora del Valle delegó a un funcionario de más bajo nivel para que asistiera a esta diligencia judicial, lo que para la magistratura fue una falta de respeto con quienes aguardaban a escuchar respuestas claras y contundentes frente a la búsqueda de sus seres queridos.
Además de la decisión contra Clara Luz Roldán, la JEP también ordenó el arresto por cinco días del subsecretario de Convivencia y Seguridad del departamento del Valle del Cauca, William Hernández Arias, ya que no asistió al segundo día de dicha audiencia.
El funcionario, según se lee en la decisión de 25 páginas de la jurisdicción, tenía un compromiso médico que no informó y por el que tampoco presentó excusa ni delegó a nadie para asistir.
El arresto contra Clara Luz Roldán es inconmutable, es decir que no puede ser modificado por ningún otro castigo o llamado de atención, esto debido al desacato a una orden que da un juez de la República.
JEP ordena otros dos arrestos
La Jurisdicción Especial para la Paz también ordenó el arresto del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, y de los alcaldes de Riosucio, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, y de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga, en el marco de las medidas cautelares que ha emprendido para el hallazgo de personas dadas por desaparecidas.
Según el despacho, los mandatarios no acataron las medidas de la justicia transicional sobre la exploración del resguardo indígena embera San Lorenzo.
El gobernador deberá cumplir con dos días de arresto y los alcaldes con tres.
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