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La JEP afirmó que la fuerza pública cometió delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia, pronunciamiento que se dio en el marco de una decisión que acepta el sometimiento del general en retiro Iván Ramírez Quintero.
La jurisdicción tuvo en cuenta varias investigaciones en las que, dice, se logró evidenciar que se presentó un ataque sistemático y generalizado contra miembros del M-19, quienes ya estaban fuera de combate, y contra civiles.
También señala que el conflicto que se vivía en su momento llevó a los agentes de la fuerza pública a ejecutar acciones contrarias a la ley al contar con medios logísticos y armados para alcanzar la aniquilación, como la JEP lo llama, de los guerrilleros en la retoma del Palacio de Justicia.
René Guarín, familiar de una de las víctimas, dijo que recibían el pronunciamiento del alto tribunal “con cautela porque consideramos que el Estado colombiano, en particular los militares, allí a la JEP no van a ir a contar la verdad, sino van a transmitir lo que han venido haciendo durante estos 37 años y es decir que todo se trató de una entrega equivocada de cadáveres”.
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La JEP les dio un plazo de cuatro días a los militares aceptados en la jurisdicción para que entreguen un acta completa de su sometimiento y aporte a la verdad.
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