Un total de 30 días tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que priorice las investigaciones sobre violencia sexual y de género, en el marco delconflicto armado en Colombia.
La decisión se adoptó luego de que la Procuraduría interpusiera una tutela, con el objetivo de que se diera prontitud a la apertura del macrocaso 11, referente a los crímenes de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por odio o discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual, dentro del conflicto armado en Colombia.
De acuerdo con el tribunal de paz de la JEP, que acogió las pretensiones de esta tutela, se presentó un incumplimiento en los tiempos para la creación del caso. Además, indica que se vulneraron los derechos de las víctimas de violencia sexual y las obligaciones del Estado para investigar y sancionar estos hechos criminales.
Para la Procuraduría, esto permitiría tener una cifra más clara y real de víctimas, para que estas sean escuchadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y sean reparadas por el Estado.
A partir de esta decisión se podrá conocer la hoja de ruta, los protocolos y cronogramas que permitan acreditar a todas las víctimas que quieran entregar su versión ante la JEP.
De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia se registraron al menos 15.760 casos de violencia sexual, en el marco del conflicto armado del país, entre los años 1959 y 2020.
De esos casos reportados de manera oficial, el 61,8% de las víctimas corresponden a mujeres, mientras que el 30,8% a niñas y adolescentes, esto quiere decir que el 92,6% del total de las personas vulneradas corresponden al género femenino. Según los datos otorgados por la institución, el rango de edad más frecuente para las personas que han sufrido este tipo de abuso está entre los 14 y los 17 años.
En este contexto de violencia, el Observatorio resalta que las personas con identidades de género y orientación sexual diversas también han sufrido diferentes tipos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y que busca imponer un orden social “en el que no tienen cabida las formas de vida que se apartan de la heterosexualidad”.
“Aunque la violación es la forma más recurrente, este tipo de violencia incluye la desnudez forzada, el acoso, el abuso y la explotación sexual, la esterilización, embarazo y aborto forzados, mutilación de órganos sexuales, amenazas de contenido sexual, prácticas de tortura sexual y la obligación a presenciar actos sexuales”, precisa el Observatorio.
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