Una de las razones del viaje del fiscal general, Francisco Barbosa, a San Andrés era una investigación contra el gobernador de la isla, Everth Hawkins.
Después de conocer la citación para imputación de cargos de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el contrato de diseño de piezas publicitarias que anuncian el cierre de playas o las medidas de precaución contra el COVID-19 en la isla, el mandatario local explicó el objeto del contrato.
“Íbamos solicitando estrategias de comunicación porque cada etapa era diferente. Eso fue lo único que hicimos. Yo, sin entregar un peso anticipado, estoy ad portas de imputación de cargos y de una posible medida de aseguramiento”, dijo Hawkins.
Además, manifestó que una situación tan compleja como la falta de bóvedas fue una de las bases para declarar la urgencia manifiesta.
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Hawkins, en su calidad de raizal, decidió acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le garantice un proceso transparente.
“Uno tiene la presunción de inocencia, el derecho de contradicción, el derecho de defensa y tenemos, desde luego, todos los argumentos para demostrar que nuestras actuaciones han sido acordes con la ley”, puntualizó.
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La Fiscalía le imputará cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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