La situación del alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, es insólita: las disidencias de las FARC le pasaron una factura para que pague por los supuestos servicios que ese grupo criminal le prestó durante su mandato.
Como si gobernar desde el exilio no fuera suficiente, Edilberto Molina, mandatario de ese municipio, afronta un nuevo drama.
“He sido citado para el 10 de noviembre por parte de las disidencias de Iván Mordisco, para que aporte un recurso por los años de gobierno a este grupo al margen de la ley”, manifestó Molina.
Asegura que esta no es la primera vez. En 2019, este grupo criminal le exigió mil millones de pesos para permitirle hacer campaña y, cuando ganó en las urnas, la solicitud fue de 300 millones de pesos a cambio de permitirle ingresar a su despacho.
“No voy a asistir. Es una situación que está en consideración en un consejo de seguridad con la fuerza pública”, aseveró el alcalde.
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Entretanto, se evalúa si existen garantías de seguridad para los trabajadores y contratistas que adelantan diferentes obras en ese municipio, pues se conoció que ese grupo al margen de la ley estaría cobrando vacunas.
“Han recibido varias citaciones, intimidaciones, personas que llegan a tomarles fotos en sus espacios de trabajo donde adelantan obras”, indicó.
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En Colombia, durante 2023, la extorsión se incrementó un 77%. Mientras la institucionalidad parece suplantada, las disidencias de las FARC han tenido un crecimiento exponencial: hacen presencia en 166 municipios de 22 departamentos del país.
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