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La defensora del Pueblo, Iris Marín, dialogó con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre las crisis humanitarias que se están registrando en Colombia, lamentando que “los riesgos que estamos viendo eran riesgos que estaban advertidos”, como lo que vive actualmente la población del Catatumbo por el enfrentamiento entre el Eln con las disidencias de las Farc.
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Según cifras oficiales, en el 73% del territorio colombiano hay presencia de grupos ilegales. En medio de este panorama, de acuerdo con palabras de la defensora Marín, “en 2025 hemos iniciado con una explosión de crisis humanitarias”.
No obstante, destacó que durante 2024 “cerramos con unas cifras, algunas alentadoras frente a cifras históricas. Por ejemplo, se había reducido el número de firmantes asesinados, el número más bajo desde que se firmó el acuerdo de paz, 30 personas; también se han reducido los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, pero reportábamos aumento del reclutamiento forzado y una expansión importante de los grupos armados en los últimos cinco años en el país”.
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Pese a estas cifras, la defensora lamentó que 2025 “iniciara con llamadas de emergencia de todo el país. Catatumbo es la situación más crítica y grave que tenemos de crisis humanitaria, pero otras que no son menores. La de Chocó, que se extiende al Bajo Calima; la del Cauca en general, y como alertamos existen once focos, además de Catatumbo, donde la característica es que hay desplazamientos masivos o confinamientos masivos, derivados de disputas entre grupos armados ilegales. 809 municipios tienen alertas por presencia en mayor o menor nivel de grupos armados ilegales”.
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)“No me gusta decir que lo del Catatumbo se va a repetir en otras partes del país”
La defensora recordó que “lo de Catatumbo fue un vaciamiento prácticamente parcial, pero muy amplio en una región entera en dos semanas, 55 mil personas desplazadas, no teníamos antecedentes de eso y no quiero pensar que una situación de esta magnitud se va a repetir o se va a replicar en otras partes del país”.
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“Sin embargo, las otras situaciones también son extremadamente graves” y cuestionó que no se toman los cuidados, “son como los síntomas graves en lugares donde esta situación se ha recrudecido y que evidencia de pronto que no estamos tratando bien los problemas de fondo. Entonces tenemos de fondo estos 809 municipios con distintos tipos de interferencia de la criminalidad organizada y del conflicto armado, y luego de pronto un Estado que no hemos tenido la rapidez para responder adecuadamente y con la urgencia. Entonces allí explotan estas situaciones. Confío en que no se van a convertir en otro Catatumbo, pero que sí implican un llamado a la acción”, subrayó Marín.
Sobre las advertencias que hizo la Defensoría por la situación de orden público, manifestó que “hay un bajo nivel de atención sobre las alertas tempranas. Hicimos unos seguimientos regionales en el Chocó en octubre, en diciembre en Cauca. En particular, con lo que tiene que ver con el Catatumbo, había una alerta del 15 de noviembre de 2024 que específicamente se refería al escenario de riesgo que detonó en enero de este año, y lo que vi fue una respuesta que fue muy formal. Este es un diagnóstico que es compartido con el Ministerio del Interior y tenemos un plan de trabajo. Pero también le pedí al Gobierno, en cabeza del ministro encargado, que haya una mejor articulación porque no se trata de llenar matrices de Excel donde cada autoridad dice un, dos, tres por mí yo hice lo que tenía que hacer, y reportan lo que ya venían haciendo aquí. Se trata de una acción mucho más urgente, porque si no ocurre lo que nos está ocurriendo y es que los riesgos que estamos viendo consumados eran riesgos que estaban advertidos”.
“El Eln está mostrando una crueldad sin límites”
La defensora Marín también se refirió al grave problema de orden público en Chocó, “un departamento en el que se ha visto un agravamiento de la situación humanitaria en los últimos meses debido a una expansión del Clan del Golfo, el llamado Ejército Gaitanista de Colombia, que viene bajando desde Urabá ya desde hace tiempo y está disputando el territorio con el Eln principalmente”.
Indicó que “el Clan del Golfo estaría, aunque ellos lo han negado, actuando conjuntamente con las disidencias al mando de ‘Mordisco’, que además es la primera vez que reportamos la presencia de este grupo en el Chocó”.
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A esos grupos ilegales, les dijo que “son parte del país y ellos también tienen unas obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. El Clan del Golfo viene con una estrategia de expansión con estas alianzas. Y por su parte, el Eln está mostrando una crueldad inusitada y sin precedentes contra la población civil en el Catatumbo, lo estamos viendo nuevamente en el Chocó, en otras zonas, son crímenes de guerra y de lesa humanidad, que me parece que desvirtúan completamente ese carácter político que ellos dicen defender. No vemos ninguna relación con esos fines supuestamente políticos, y al contrario vemos que están asociados con disputas por economías ilegales”.
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“Vemos retrasos en la oferta de propuestas que el Gobierno se ha comprometido y que, desafortunadamente, no cumplido oportunamente, lo cual le da campo también a los grupos armados. También hemos hecho el llamado a la importancia de la fuerza pública y de la judicialización. La justicia es fundamental para que estos grupos no solo sean enfrentados militarmente, sino que también sean judicializados. Y por supuesto, la Defensoría del Pueblo está de acuerdo con que la solución del conflicto y de los conflictos armados en Colombia tienen que pasar por la negociación, por las conversaciones, esa es la mejor forma, la más pacífica. Así lo hemos logrado en el pasado, pero no puede tampoco dar campo esas conversaciones a esa expansión a través de ceses al fuego, que terminan siendo a veces aprovechados por algunos grupos que no han tenido voluntad de paz”, dijo Marín sobre las negociaciones que el Gobierno de Gustavo Petro ha intentado entablar con algunos grupos criminales.
“Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Eln, creo que el Gobierno dio todas las muestras de una intención de paz, pero pareciera que el Eln lo que estaba haciendo era armarse para una escalada de guerra muy fuerte como la que estamos viendo en diferentes zonas del país”, precisó.
La defensora reconoció que “a veces sentimos que estamos arando en el desierto. Y no me preocupa tanto por la Defensoría del Pueblo, me preocupa por las comunidades. Yo creo que aquí nos toca redoblar esfuerzos. Como decía, yo me reuní con el ministro encargado y le dije ‘antes de irnos otra vez a territorio, yo no quiero ir a vender falsas promesas, y la gente ahí sola y nosotros tomándonos la foto, hagamos un compromiso de alto nivel’, y creo que le corresponde al Gobierno y al presidente de la República coordinar esos esfuerzos y dar las instrucciones y pedir resultados concretos, no solo despliegues periodísticos con fotos y decir fuimos, vinimos, sino realmente un plan de trabajo serio”.
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