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Fueron 21 días los que duraron secuestrados en el Cauca los dos investigadores del CTI, un civil y un soldado profesional del Ejército . Estas personas fueron identificadas como Gerson René Rivera Fernández, Bethi Amanda Mage Imbachi, María Yeni Ruiz y Guiner Kevin Noscué.
El secuestro ocurrió el 19 de abril en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, durante un retén ilegal del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
Este plagio sería consecuencia del rompimiento del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno nacional, decisión que está vigente desde el 20 de marzo.
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En horas de la noche del domingo 12 de mayo, en medio de lágrimas, sonrisas y emociones, familiares y amigos recibieron en el Comité Internacional de la Cruz Roja a estas 3 personas y en medio del anhelado reencuentro pidieron la paz para Colombia.
Entretanto, el soldado profesional que también fue liberado se encuentra en la Tercera Brigada del Ejército, en la ciudad de Cali.
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Señala el Comité Internacional de la Cruz Roja que fueron más de 20 días de diálogos para lograr la liberación. Sin embargo, el secuestro de estas personas deja en evidencia la grave situación de seguridad y violación a los derechos humanos que se vive en el Cauca. Las comunidades indígenas del norte de ese departamento, en un acto de desespero, enviaron a las disidencias una carta con un duro llamado.
Lanzaron duras pullas sobre las contradicciones de este grupo, que está en diálogos con el Gobierno, que dicen no les ha dejado más que barbarie y tragedias en sus comunidades.
La misiva de 9 páginas inicia con una dura afirmación: “La degradación de una organización que traicionó su lucha revolucionaria”. Dicen las comunidades que las atrocidades que comenten las disidencias son contrarias al legado que proclaman.
Tras miles de cifras de asesinados, reclutados, secuestrados y heridos en ataques armados, aseguran que el enemigo de las disidencias dejó de ser el Estado, o el régimen político, o la oligarquía.
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Ahora las armas apuntan a la gente, organizaciones indígenas, menores de edad y escuelas. La sumatoria de los ataques a la población son siete veces más que al Estado, según el informe.
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“Nosotros no vemos ningún objetivo, ningún horizonte, ningún propósito político dentro de esta guerra que hoy estamos viviendo en el norte del Cauca. Esta guerra pareciera que fuera por economías ilícitas, por sostener un aparato militar sin sentido, sin razón”, lamentó Germán Valencia, consejero de cabildos indígenas en el Cauca.
En la carta que envían los indígenas del norte del Cauca hay unas cifras que dan cuenta lo que ha ocurrido durante los últimos cuatro años en el departamento. Reportan 374 asesinatos, además de 42 ataques con explosivos dirigidos a diferentes sectores de la población, provocando temor e inseguridad en la región.
También revelan 214 hostigamientos a casas y escuelas, a esto se suman 225 amenazas de muerte, lo que evidencia la vulnerabilidad de muchos habitantes del departamento. Las cifras también indican la preocupante situación de seguridad, con 25 desapariciones forzadas registradas en este período.
Una de las cifras más alarmantes es el reclutamiento de menores de edad, con 785 casos reportados. En total, los indígenas suman 1.777 acciones violentas contra la población, evidenciando la compleja realidad que enfrenta el departamento del Cauca en materia de seguridad y derechos humanos.
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