En 1989 Corfivalle, hoy en día Corficolombiana, expidió tres CDT por un valor de $58 millones cada uno al ciudadano Alejandro González Beltrán. El 12 de febrero de 1999, el beneficiaro quiso cobrar el dinero, pero la entidad financiera canceló los títulos aduciendo que eran falsos y lo demandó penalmente por falsedad en documento privado y estafa.
Tras más de 30 años de litigio, el Tribunal Superior de Cundinamarca emitió un falló a favor del ciudadano condenando a la Nación y a la rama judicial a pagar $14 billones por cancelar de manera irregular los títulos.
Rodrigo Mazabel, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le explicó a Blu radio lo que pudo haber pasado y además que el montó de la sentencia se revisará nuevamente.
“Es posible que en la aplicación de la fórmula matemática un dígito nos haya alterado el resultado, eso lo podrá precisar ahora la sala cuando ingrese nuevamente y determine la cuantía. Lo que pasa es que la tasa que se está tomando es casi que supera el nivel de usura y si estamos hablando que era más o menos el 38 o 40% y estaba previsto como el doble entonces se convierte en una tasa muy alta y es lo que se está reclamando que podría revisarse ese tema”, indicó Mazabel.
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Por su parte, Corficolombiana, a través de un comunicado, manifestó que el fallo no solo es arbitrario, sino que el ponente original ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, fue destituido y condenado por corrupción en diferentes procesos penales y que interpondrá el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
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