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Los trabajos sociales que la pastoral del Urabá ya tenía programados para desarrollar en septiembre tuvieron que ser suspendidos por las intimidaciones hechas contra la comunidad religiosa .
“Más grave que los equipos de la pastoral de la iglesia y de la parroquia de la región del Atrato no puedan ingresar a los territorios es que las comunidades se sientan encarceladas en sus mismos territorios”, lamentó Luis Alberto Torres, obispo de la Diócesis de Apartadó.
La Iglesia católica les solicitó a los grupos al margen de la ley dejarla por fuera del conflicto, debido a que cumple una misión social en la que la prioridad es salvar la vida de todos.
“Que se respete la libre movilidad de los habitantes de la zona”, pidió el obispo Torres.
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Representantes de la Iglesia católica aseguraron que en esta región ya existen zonas vetadas para las autoridades, por lo que el temor en la comunidad aumenta.
“Conociendo las denuncias, se va a intensificar acompañamiento, como ya con anterioridad se han desarrollado, para que efectivamente en este sector de nuestro departamento no se presente ninguna zona vedada, ninguna zona que se impida, por estos grupos ilegales, las actividades humanitarias”, indicó coronel Giovanny Puentes, comandante de la Policía de Urabá.
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Habitantes de los 15 municipios que hacen parte del Urabá antioqueño y chocoano pidieron que las labores que cumple la Iglesia católica no se suspendan, debido que por medio de ellas les llegan ayudas alimentarias.
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