La investigación del cinematográfico atraco a una fundidora de oro en Medellín llegó hasta Bogotá, esta vez por cuenta de los chalecos antibalas que portaban estos delincuentes y que inexplicablemente hacían parte del ya liquidado Fondo de Vigilancia de la capital.
“Lo que tenemos claro es que los números seriales de esos chalecos fueron alterados. Estamos haciendo un análisis de inventarios de los archivos para tener la trazabilidad clara de cuáles elementos fueron adquiridos, cuáles fueron dados de baja, cuáles están en inventario y demás”, indicó Aníbal Fernández, secretario de Seguridad de Bogotá.
El tema no es menor, pues se trata de elementos de uso privativo de la Policía, Fiscalía, y la Brigada XIII que fueron adquiridos con recursos del Distrito y que terminaron en manos de delincuentes de talla mayor.
Daniel Mejía, secretario de seguridad de Bogotá en 2016 y quien vivió la transición de estas entidades, aseguró que la liquidación del fondo era urgente, pues no había trazabilidad ni información sobre a quién se le asignaban los equipos de seguridad.
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“Con la liquidación del Fondo de Vigilancia se logró retomar el control, y ordenar y darle más transparencia a las compras que se hacían para estos organismos de equipamientos de seguridad, como motos, compras de gasolina, de equipamientos de infraestructura”, afirmó el exfuncionario.
Miguel Caballero, propietario de la empresa que en 2012 vendió estos chalecos antibalas al Fondo de Vigilancia, señaló que desde septiembre se puso en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría que se estarían vendiendo chalecos vencidos y usados de su marca.
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“Aparecieron prendas de nuestra marca que nuevamente tienen una coincidencia en los numerales, códigos seriales, con los hechos en septiembre. Estos chalecos fueron vendidos a través de un contrato en el 2012 al Fondo de Vigilancia de Bogotá ya no existente”, dijo Caballero.
El empresario les pidió a las autoridades una investigación pronta sobre el tema.