El llamado de las siete facultades de Ingeniería más importantes de Antioquia es a no poner en riesgo, con un cambio de constructor en Hidroituango, la generación de energía para todo el país.
“Hay que apoyar esa obra para sacarla adelante, hay que evitarle retrasos, hay que salvar la obra en el muy buen sentido de la palabra, porque los impactos van a caer directamente sobre el país y sobre el sector energético del país”, manifestó Adriana Villegas, decana de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Los académicos hicieron énfasis en los aspectos técnicos de la obra, hoy en casi el 85% de ejecución. La llegada de un nuevo constructor a Hidroituango no solo retrasaría su entrada en funcionamiento.
“Cualquier cambio de contratista en un proyecto de estas magnitudes, incluso en proyectos pequeños, implica atender luego otra serie de cosas, quién es responsable de qué”, indicó Ricardo Taborda, decano de Ingeniería de la Universidad Eafit.
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Para los siete decanos que firmaron la comunicación, es la ingeniería colombiana la que está quedando en entredicho.
“Nos está tocando y duele, duele porque es un señalamiento que puede ser injusto porque la ingeniería colombiana es muy buena”, anotó Villegas.
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Por otro lado, los gremios en Antioquia pidieron cerrar filas en torno al proyecto.
“A Hidroituango hay que alejarlo de los intereses políticos, de las rencillas personales, de los odios y las envidias. Hidroituango es de todos”, expresó Nicolás Posada, director de Intergremial Antioquia.
Expertos aseguran que en caso de ser necesario el cambio de contratista, la obra podría sufrir un retraso de hasta un año y medio.
De otro lado, a nivel penal el proceso contra Hidroituango no ha tenido mayor avance, según denuncian las víctimas. Alegan que desde hace varios años han venido cambiando de fiscal del caso constantemente y las medidas cautelares siguen sin cumplirse.
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Hace más de tres años, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que abría una investigación penal en lo que tenía que ver con el proceso de construcción de la megaobra, señalando que, al parecer, habría pagos irregulares en el proceso de contratación.
En ese entonces se abrieron tres líneas de investigación, que consistían en:
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- Presuntas irregularidades en la fase precontractual de la adjudicación, así como en los procesos de diseño, construcción y ejecución. Proceso que culminó con la adjudicación de la obra al consorcio CCC Ituango.
- Investigación sobre un contrato que hace parte de Pescadero- Ituango, y que correspondía a la construcción de varios túneles para la desviación del río Cauca.
- Investigación desde 2017 por posibles afectaciones al medio ambiente.
Sobre la investigación por las afectaciones al medio ambiente, el Movimiento Ríos Vivos ha denunciado que en materia penal el caso no ha tenido mayores avances, ya que en varias ocasiones se cambia de fiscal.
“Este cambio de fiscal hace que tantos expedientes, que el expediente tan voluminoso que teníamos, no sea debidamente apropiado. Teníamos la imputación de cargos lista y este cambio de fiscal ha hecho que no se dé”, subrayó Isabel Cristina Zuleta, afectada por hidroituango y líder social.
En junio de 2019, un juez de conocimiento decretó unas medidas cautelares a favor de los habitantes de 19 municipios del área de influencia de la megaobra, las cuales fueron ratificadas en octubre de ese mismo año. Sin embargo, las comunidades denuncian que tampoco se han cumplido.
“La empresa se niega a ese cumplimiento de las medidas cautelares, el juez que otorgó esas medidas cautelares lo que ha dicho es que no se han cumplido”, dijo Zuleta.
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Lo único que se sabe hasta el momento es que en agosto de 2019 la Fiscalía acusó ante un juez de Medellín a dos exdirectivos del proyecto Hidroituango, Luis Guillermo Gómez y Luis Javier Vélez, como presuntos responsables del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.