Son varios los efectos que sufrirá Hidroituango tras el la decisión de la Contraloría General de la República, que ratificó el fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas por “daño al patrimonio del Estado, producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto y el lucro cesante causado luego de que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018”.
Así las cosas, la hidroeléctrica entraría a operar en un año y medio y no a mediados del 2022 como lo había anunciado el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, que preveía que entrarían en funcionamiento “las unidades 1 y 2, cumplir con las obligaciones de energía en firme y adicionalmente tener continuidad en la ejecución y en el ritmo del proyecto”.
Esto se debe a que con el fallo se inhabilita a los contratistas para seguir operando, por lo que la única salida para EPM sería abrir una nueva licitación para un nuevo contratista “que pueda entrar a terminar las obras y solucionar todos esos aspectos que nos generaron alguna dificultad de continuidad, que tiene que ver más con los temas jurídicos y asegurabilidad del proyecto”, explicó Carrillo.
El fallo respecto a Hidroituango, además, deja en vilo la generación del 17% de la energía que necesita el país para cubrir la demanda.
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Sin embargo, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Generadoras, afirma que “los análisis que nosotros hemos hecho y lo que nos muestran es que si Hidroituango no entra en el año 2022, e incluso en el 2023, tenemos la energía firme suficiente para continuar respaldando el sistema y tener la energía adecuada para responderle a la demanda”.
El problema empezaría en 2024, porque habría “déficit de energía para esos años, entonces lo que estamos diciendo nosotros, lo que hemos dicho al gobierno, es que es hora de llamar una nueva subasta de cargo por confiabilidad que amplíe la capacidad, que desarrolle nuevos proyectos y que tengamos más energía firme en el sistema para seguir garantizando esa continuidad en el servicio a los usuarios del país”.
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Efectos económicos con fallo sobre Hidroituango
Para expertos en el tema, se podría desencadenar la desinversión en el país.
“Qué funcionario o qué empresa seria va a querer participar en una obra importante de este país, sabiendo que puede entrar a responder en un futuro solidariamente por decisiones que pueden tomar terceros. Creo que se sienta un precedente bastante negativo para la seguridad jurídica del país”, consideró José Fernando Villegas, director de la Cámara de Infraestructura de Antioquia.
Asimismo, el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, manifestó que “Hidroituango, como ustedes bien lo saben, es uno de los temas que tenemos. Necesitamos certeza, cada 6 meses no podemos cambiar las cosas, no puede haber incertidumbre, esto es muy peligroso para la financiación a largo plazo”.
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