¿Hidroituango, en vilo? Hay alarma entre el sector energético, empresarial y político de Colombia por la decisión de las empresas Conconcreto y Coninsa de acogerse a una reorganización empresarial.
Estas constructoras, encargadas de la mayoría de la infraestructura de la obra, le dijeron al Estado colombiano que tienen problemas financieros agudizados por la pandemia.
A esto se suma la decisión de la Contraloría General de la República que en septiembre de este año emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra 26 empresas y personas naturales por un monto de 4.3 billones de pesos debido a demoras, retrasos, cambios en los diseños, construcciones sin estudios verificados y, como consecuencia, se requirieron mayores inversiones que según el ente superan 114% más de lo pactado inicialmente.
Este fallo lo que significa, entre otras cosas, es que las personas que estuvieron a cargo durante todo el tiempo del desarrollo de la obra son responsables en primera instancia del daño patrimonial que causa el no cumplimiento de un proyecto como este, estratégico para la generación de energía en el país.
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¿Qué significa la reorganización empresarial de Conconcreto y Coninsa?
En otras palabras, se suspenden cobros, o procesos ejecutivos o de garantías de las empresas, mientras se llegan a acuerdos con acreedores dentro del tiempo de reorganización.
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Lo anterior pone a Empresas Públicas de Medellín (EPM) en aprietos, porque deben buscar contra reloj nuevos contratistas que se den la pela, para coger el proyecto en las condiciones físicas y financieras en la que está.
En consecuencia, para la tarde de este miércoles fue convocada una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño con miras a buscar salidas a la crisis de Hidroituango.
A esta cumbre asistirá el contralor Carlos Felipe Córdoba, la procuradora Margarita Cabello, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y representantes de las aseguradoras.
“El fallo está causando un enorme problema”
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En entrevista con Noticias Caracol, José Fernando Villegas, director de la Cámara de Infraestructura de Antioquia, explicó cuáles son los efectos de esta nueva crisis para el proyecto hidroeléctrico y las empresas involucradas.
“Hay una póliza de seguros que viene cumpliendo y está pagando. Si bien el estudio de la Contraloría habla de 4.3 billones de pesos, es bueno que la gente entienda que esos 4.3 billones los está pagando el seguro. La plata no se ha perdido, hay que recordar que el fallo no habla ni de robo ni de corrupción sino de unos dineros que presuntamente se perdieron y alguien los tiene que pagar”, señaló Villegas.
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Sin embargo, recalcó, el efecto de esta decisión fiscal lo sienten las constructoras.
“Esas empresas para ejercer su actividad requieren de créditos financieros permanentes, del acompañamiento de la banca, esa es la esencia de su negocio. ¿Qué banco va a autorizar nuevos desembolsos cuando tiene una orden de embargo por 4.3 billones? Ninguno. El fallo está causando un enorme problema a unas empresas que lo único que hicieron fue cumplir con su labor, están poniendo a responder a unas constructoras por problemas que no fueron necesariamente de ellos, por decisiones, posiblemente, de funcionarios o de miembros de junta directiva tomadas 4 años antes o de unos diseños”, manifestó.
¿Qué es lo que puede pasar ahora?
“Es muy difícil encontrar una empresa que venga y termine una obra que arrancó otros constructores con los problemas y asuma los riesgos. La única solución sensata es buscar la forma de que los constructores actuales la terminen”, explicó.
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Y sobre lo que pasaría si Hidroituango no entra en funcionamiento, señaló:
“Los efectos son clarísimos: el primero es racionamiento y el segundo es el alza en las tarifas de energía”.
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Cabe recordar que Hidroituango debía entrar en funcionamiento en noviembre de 2018, pero eso no fue posible por la contingencia que se registró en abril de ese año.