
En Antioquia se mantiene la preocupación por la alerta que emitieron las autoridades de Gestión del Riesgo y EPM sobre las consecuencias de la minería ilegal en terrenos cercanos a la Hidroeléctrica Porce III .
Ya son seis los municipios con algún tipo de riesgo por lo que podría llegar a ser una gigantesca avenida torrencial. Aquí les contamos qué es lo que está generando esta amenaza para las comunidades y además poniendo en riesgo la producción energética del país.
La Hidroeléctrica de Porce III está ubicada a 147 kilómetros de Medellín, en el noreste de Antioquia, sobre la cordillera Occidental. El río Porce es su principal fuente de abastecimiento para generar energía.
(Lea también: EPM anuncia cómo mitigará riesgos por minería ilegal en Porce III: ¿quiénes se verían afectados? )
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Hay seis poblaciones que están ubicadas aguas abajo de la presa de la Hidroeléctrica Porce III como lo son: Amalfi, Anorí, Nechí, Zaragoza, Caucasia y El Bagre. A lo largo de 13 kilómetros, las explotaciones ilegales de oro han socavado el terreno.
En la noche de este viernes, las autoridades están determinando cómo desmontar el jarillón que se construyó de manera ilegal y del que nadie sabe cuándo ni quiénes son los responsables de semejante irresponsabilidad.
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Con el jarillón, ubicado en inmediaciones de la quebrada de Tinitacina, los delincuentes le desviaron el cauce al río, están ahorcando la circulación de la corriente y a su vez generando más socavaciones. Una laguna se ve de color verde, producto del mercurio vertido para sacar oro con retroexcavadoras que tampoco están autorizadas.
El jarillón está ubicado entre los municipios de Anorí y Amalfí. Para llevarse una idea, en Porce III están embalsados 127 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad equivalente a lo contenido en cerca de 50.000 piscinas olímpicas. Si la estructura de la hidroeléctrica llegara a fallar, esa es la cantidad de agua que podría generar una avalancha de magnitudes incalculables en la zona.
A través de imágenes tomadas desde un dron (vea el video que acompaña esta nota) se puede ver el jarillón que delincuentes instalaron sobre el río Porce para la práctica de la minería ilegal. La barrera, ubicada a unos 14 kilómetros aguas abajo de la represa de la Hidroeléctrica Porce III, en el nordeste de Antioquia, sumado a las excavaciones ilegales en ese punto, pone en riesgo la represa y, como consecuencia, a las poblaciones.

Alberto Mejía, vicepresidente de Generaciones de Energía de EPM, manifestó: “Lo que estamos buscando es, primero, que esa minería ilegal se aleje, nos permita hacer el desmonte de esa barrera, de ese jarillón que hay, y que no se siga desviando el río hacia la zona donde está este depósito, que es donde puede haber un potencial desprendimiento y generar un desplazamiento del río”.
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Si ese represamiento se llega a dar, el agua no fluye aguas abajo sino que se devuelve. En ese escenario, se inunda la casa de máquinas y se desborda desproporcionadamente el río Porce.
Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, DAGRAN, aseguró que “ya se están haciendo los estudios técnicos por parte de Empresas Públicas. El desmonte de este jarillón se debe hacer de forma controlada, porque si este jarillón se llegara a romper de manera no controlada, y gracias a esa afectación que genera la minería ilegal, podría inundar estos seis municipios".
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¿Cuáles son los municipios en riesgo de una creciente súbita?
Los municipios en riesgo ante una posible creciente súbita, según el estudio del DAGRAN, son: Anorí, Amalfi, El Bagre, Nechí, Zaragoza y Caucasia, territorios en los que ya se activó una estrategia municipal de atención de emergencias.
Angilberto Vergara, secretario de Planeación de El Bagre, explicó: “Nosotros, desde el municipio de El Bagre, a través de los Bomberos, Gestión del Riesgo, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Ejército Nacional estaremos atentos a cualquier directriz y comunicado emitido por el DAGRAN, eso nos permite a nosotros hacer las alertas”.
Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien es además el presidente de la Junta Directiva de EPM, el riesgo no es inminente.
“Hoy no hay una alerta crítica sobre esas comunidades. De persistirse esas actividades y esos daños que generan estas personas, podría llegar a correrse un riesgo, por eso la advertencia”, adujo el alcalde Gutiérrez.
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Para mitigar esta posible emergencia, además de las acciones legales, EPM explicó que iniciará el desmonte del jarillón construido por los mineros ilegales en el cauce del río.