El anuncio del gobierno de desacatar la tutela sobre las pruebas PCR ha desatado toda una polémica entre constitucionalistas y exmagistrados.
“Es muy malo el mensaje, muy negativo, y el ejemplo que se da la ciudadanía por parte del gobierno es contrario al Estado de Derecho y a la vigencia de la democracia. Yo creo que, sin perjuicio de alegar ante el superior jerárquico mediante la formulación de los recursos, el fallo tiene que ser cumplido”, explicó el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández.
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo por su parte que “la sentencia de tutela hay que acatarla por absurda que nos parezca, como en este caso, que no sabemos para qué quieren hacer un cerco si ya el COVID está más fuerte en Colombia. Lo que se puede es apelar o impugnar”.
Pero otra voz tiene el exmagistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien analiza que en este desacato hay que tener en cuenta otros factores: “algunos jueces abusan de la tutela y pretenden cogobernar sobre temas especializados, sin mayor conocimiento, sobre dichas materias. El ministro ha dicho que desde el punto de vista científico le resulta imposible cumplir la orden del juez de tutela y nadie está obligado a lo imposible y el desacato se da cuando arbitrariamente no se cumple una orden que sea racionalmente imposible de cumplir”.
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¿A qué se somete una persona que desacata un fallo de tutela?
“El ministro corre un riesgo importante y puede enfrentar una multa de 20 salarios mínimos, puede enfrentar un arresto efectivo, puede enfrentar una investigación por fraude a resolución judicial. Sin embargo, creo que esa tutela irá a ser revocada en una impugnación”, explicó el conjuez de la Corte Suprema Mauricio de la Pava.
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¿Tiene el gobierno alternativas frente al fallo?
“Existen recursos con relación a la acción de tutela, por supuesto es discutible si esos recursos tienen la potencialidad de suspender una orden dictada por un juez. Lo otro será la reflexión sobre si un juez de categoría inferior, y me refiero a su jerarquía, puede emitir válidamente y darle instrucciones a un ente como el Ministerio de Salud”, manifestó por su parte Hernando Herrera, director de la corporación Excelencia en la Justicia.
El fallo sobre las pruebas PCR tendría una última revisión, si la Corte Constitucional la selecciona para su estudio.
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