Tras cinco meses de ocurridos los hechos y una gran cantidad de pruebas, un juez se apresta a dictar sentencia contra los siete soldados involucrados en el abuso sexual múltiple de una menor embera de doce años, en hechos ocurridos en el corregimiento Santa Cecilia, de Pueblo Rico, Risaralda, en junio pasado.
Este viernes se hará la audiencia de individualización de la pena. La pregunta es si, por haber aceptado los cargos, los militares recibirían alguna rebaja de penas.
“Ningún caso en el que estuviera involucrado víctimas menores de edad va a ser objeto de rebajas, subrogados o beneficios por aceptaciones de cargos. Luego, en principio, los soldados no tendrán ningún tipo de beneplácito por haber reconocido la ocurrencia de este delito”, explica el director del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, Álvaro Garzón.
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Se prevé que la Fiscalía solicite entre 15 y 30 años de prisión. Por su parte, Juan de Dios Queragama, el gobernador indígena que representa al pueblo embera al que pertenece la menor, pidió una sanción ejemplar.
“Que por favor hagan la justicia de manera muy contundente en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia y también de la Ley de Infancia”, dice la autoridad indígena.
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Quienes estudian el tema del abuso sexual por parte de grupos armados advierten que la impunidad para estos delitos es alta.
Así lo señala la abogada Luisa Martínez, de Sisma Mujer: “La impunidad roza el 97% a nivel judicial. Quiere decir que, de más de 768 mujeres que hacen parte de sus anexos, solo han existido 16 sentencias condenatorias”.
Por estos hechos los soldados ya fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría, que los destituyó e inhabilitó por 20 años.
Se investigarán a otros dos militares pues, al parecer, habrían sido nueve en total los que agredieron a la menor.
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