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Los excesos de la fuerza pública llevaron al comité del paro a pedir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por ahora no fue autorizada por el gobierno del presidente Iván Duque.
(En contexto: Marta Lucía Ramírez asegura que por ahora no hay visto bueno para la visita de la CIDH a Colombia)
La negativa, según Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, aunque "no tiene ningún impacto jurídico en el corto plazo, sí tiene impacto político y probablemente un impacto jurídico en el mediano plazo".
Para él, “la visita de estos grupos de trabajo también permite que en un futuro el Estado no sea encontrado responsable internacionalmente por la comisión de hechos ilícitos”.
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Otra cosa considera Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien cree que la decisión del Gobierno fue acertada.
Para él, las indagaciones las "deben adelantar las autoridades nacionales, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, es una cuestión de soberanía. Una vez tengamos esos procesos en marcha no habrá ningún problema para que se den las verificaciones por las entidades internacionales".
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El Gobierno, por su parte, insistió en que la visita de la CIDH no está restringida y se realizará a finales de junio.
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