Gobierno y Registraduría se reunieron con disidencias ante dificultades en puestos de votación

En Bogotá tuvo lugar una nueva reunión en la que se encontraron el Gobierno nacional, la Registraduría Nacional y las disidencias de las FARC.Violencia contra candidatos aumentó 92%: ¿quiénes son los más afectados?En el encuentro se buscó una solución para el ingreso del material electoral a 21 puestos de votación ubicados en el Cauca, Meta, Guaviare y Nariño, que no han podido entrar por la hostilidad de los criminales en la zona de El Plateado.Tras la reunión, las disidencias de las FARC se habrían comprometido con la realización de las elecciones en esta zona de Colombia.“Lo que se ha manifestado es precisamente que hay una disposición de dar todas las órdenes que se necesitan para que unidades armadas que estén en esa zona se reubiquen y pueda proceder la fuerza pública, con la Registraduría, con la colaboración de la comunidad, a garantizar los puestos electorales”, señaló Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las FARC.¿Quiénes son los mayores responsables de delitos electorales en Colombia?Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que encuestó a más de 160 líderes sociales en 18 departamentos de Colombia, reveló que las autoridades locales y los partidos políticos son los mayores responsables de los delitos electorales, incluso por encima de los grupos criminales.La encuesta consultó a 161 líderes sociales de 80 municipios y 18 departamentos del país. Seis de cada diez consultados aseguraron que no hay garantías de seguridad en las campañas electorales y el 41% de ellos considera que las autoridades locales tienen injerencia indebida en las campañas.Ley seca por elecciones regionales 2023: ¿cuándo inicia y a qué hora?El 65% asegura que los partidos políticos son responsables de los delitos electorales, pero también adjudican responsabilidad de esos riesgos a grupos armados.“El 37% de los encuestados reconoce que los grupos criminales tiene una incidencia sobre el desarrollo de las elecciones, esto es peor en el caso de los municipios en riesgo. Sin embargo, el 46% está reconociendo que los gobiernos locales, los alcaldes, tienen incidencia. Esto nos permite señalar que desde la percepción de los líderes no solamente los grupos criminales son la principal amenaza, sino que realmente una de las grandes amenazas al desarrollo electoral está constituida por las autoridades locales”, señaló Jerónimo Castillo, director de área y de seguridad de la FIP.El 25% de los líderes sociales encuestados mencionó haber recibido amenazas. Y un dato que preocupa en torno a los líderes: el 80% participa de las campañas, aunque con un bajo conocimiento de las propuestas.