Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca otorgó los 60 días de plazo que pidió el gobierno nacional para la creación de un protocolo que garantice la protesta pacífica en Colombia, tomó otra decisión teniendo en cuenta que, en menos de dos semanas, habrá una jornada de manifestaciones convocada por organizaciones sociales y sindicales.
El tribunal emitió una orden perentoria para que, en máximo 10 días, se elabore un protocolo exprés antes del paro nacional convocado para el 21 de octubre, que “incluya las medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses¨.
La decisión también compromete a alcaldes: ¨no solo deberán limitarse a conceder los permisos
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para las respectivas manifestaciones, sino conformar un grupo élite que se encargue de coordinar con los líderes de los sindicatos el cómo y por dónde se llevarán las mismas de tal manera que se tenga claridad que no se pondrá en peligro el derecho a la vida de los manifestantes¨.
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La primera en pronunciarse fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López:
En cumplimiento del nuevo fallo del Tribunal Adtvo Cmarca reitero mi compromiso para cumplir lo ordenado por el fallo junto al gobierno nacional.
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 7, 2020
Agradecemos también el reconocimiento a @Bogota como garante de la protesta pacífica y de prevención de abusos https://t.co/F2Lz8jztct https://t.co/zWNEWbgWxq pic.twitter.com/bONbrwqKhl
La decisión de la magistrada Nelly Villamizar va mucho más allá y exige que se elaboren medidas a corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta problemáticas como corrupción, desigualdad, desplazamiento, pobreza, persecución y asesinato a líderes y hasta el conflicto político con Venezuela y así erradicar problemáticas de raíz.
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