El gobierno de Gustavo Petro anunció que el cese bilateral del fuego que había con las disidencias de las FARC “en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”.
La decisión se tomó luego de la masacre de cuatro menores indígenas en Putumayo, atribuida al frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central al mando de ‘Iván Mordisco’.
Es “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, indicó el gobierno a través de un comunicado.
“Después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad -y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población-, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022”, precisó el Ejecutivo.
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Según el gobierno, se convocó a los delegados de las disidencias de las FARC para informar la decisión, “quienes se excusaron de asistir”.
Agregó que la medida “se hará efectiva en las próximas 72 horas”.
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“Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, precisó el gobierno.
No obstante, instó a las disidencias de las FARC “a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales en los que sigue vigente el cese al fuego”.
Asimismo, dijo que “compartirá en las próximas horas los nombres de los integrantes de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con el EMC-FARC para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos. Uno de los asuntos que proponemos abordar en la mesa de conversaciones será el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial”.
Las disidencias de las FARC respondieron y señalaron “que los hechos que se nos acusan NUNCA fueron verificados e insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”.
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“Dejamos claro que debe haber una política de paz trazada por parte del Estado colombiano, sin improvisaciones, sin presiones e incumplimientos como el anuncio que se nos hace llegar sobre un rompimiento parcial y unilateral en algunos departamentos y sin injerencia extranjera de ningún tipo”, agrega.
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