El Gobierno de Colombia y la Fiscalía trabajan en la expedición de una directriz para que las personas que fueron detenidas durante las protestas del estallido social de 2021, acusadas de terrorismo o concierto para delinquir, queden libres.
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Así lo informó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que detalló en un comunicado que el Gobierno y el ente acusador elaboran una directriz "en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir", lo que "implica que todos los que están en la cárcel van a salir".
"Ese es nuestro compromiso y contamos para eso con la sensatez y el sentido de justicia de la nueva fiscal (general, Luz Adriana Camargo)", agregó Osuna en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas de 2021, donde participó en un acto de Gobierno.
La Fiscalía, entre tanto, aseguró en X que está escuchando los "planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación y las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social".
"Antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)", señaló la entidad.
Agregó que "la palabra definitiva sobre este tema la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana".
Cali, y sobre todo zona populares como Siloé o Puerto Resistencia, fueron el epicentro de las protestas que se vivieron entre abril y junio de 2021 contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022), que comenzaron por el malestar ante la posible aprobación de una reforma tributaria.
El estallido social se saldó con 83 muertos, más de la mitad, presuntamente, a manos de la Policía. En total hubo, según el Ministerio de Defensa, más de 14.000 concentraciones, marchas y bloqueos desde el 28 de abril de 2021.
La llamada primera línea la conforman jóvenes que con la cara tapada y ataviados con escudos artesanales y cascos participaban en las protestas enfrentando a la fuerza policial.
Muchos de ellos fueron detenidos durante las manifestaciones de 2021.
Justamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó en enero del 2023 al Estado liberar a los detenidos de manera arbitraria o injustificada durante las protestas, para que puedan continuar sus procesos en libertad.
Del mismo modo, la CIDH recomendó la constitución de un registro "fiable" sobre estos casos para conocer "con certeza" la situación jurídica de estas personas.
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