El Gobierno nacional dijo que está dispuesto a dialogar con los manifestantes de San Vicente del Caguán si liberan a los 78 policías y 6 trabajadores de la petrolera Emerald Energy que secuestraron hace más de un día.
Minutos antes de viajar al Caquetá, el ministro del Interior, Alfonso Prada, hizo varias advertencias frente a la situación que viven las 84 personas que están en poder de los campesinos.
“No hay ninguna posibilidad de que el propio presidente de la República, el cuerpo de ministros, nos sentemos a dialogar en la medida en que haya cualquier tipo de retención de miembros de la institución policial”, dijo.
Advirtió que los ciudadanos “están claramente rayando en todo el sentido de la norma de la ley. Es impedido en Colombia, es prohibido completamente tener algún tipo de limitación a la libertad y más de nuestros miembros de la fuerza pública”.
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No obstante, recalcó que en la zona hay presencia de grupos ilegales y eso afecta a las comunidades indígenas y campesinas, por lo que pidió no estigmatizar a los pobladores.
“Las guardias campesinas y los campesinos han estado allí desde hace muchísimos años, así que no es una expresión violenta per se, de manera que sí estamos muy cuidadosos de: uno, no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino en Colombia, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no pueda haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales”.
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Afirmó que contra esos actores ilegales “va toda la actuación de las Fuerzas Militares y del Estado”.
“Contra los campesinos extendemos la mano siempre para el diálogo; los campesinos de todo Colombia merecen ser respetados y tenidos en cuenta, no solo por el Gobierno nacional, por el Estado, sino por la sociedad entera”, destacó Prada.
Sin embargo, aseguró que “quienes pretendan manipular y utilizar este tipo de movilizaciones para intimidarlos o para intimidar al Estado y para abusar de la fuerza pública, (recaerá) todo el poder del Estado sobre ellos”.
Los disturbios que se desataron el jueves 2 de marzo en San Vicente del Caguán dejaron un civil, cuya identidad no se ha establecido, y un policía muertos.
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El uniformado era el subintendente Ricardo Arley Monroy, quien nació en la vereda San Rafael de Cómbita, en Boyacá, hace 39 años. Era el tercero de cuatro hijos y, además, padre de una niña de 9 años y un bebé de 3 meses.
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