Al término de un consejo de seguridad, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia tienen sitiado el departamento. Por otro lado, aunque en Cundinamarca aún no hay presencia confirmada de estos grupos criminales, se adoptaron medidas para evitar que se sigan expandiendo.
Más de mil 400 familias campesinas de Acacías, en el Meta, viven con temor de mirar nuevamente a los ojos la guerra que años atrás les arrebató sus tierras, los obligó a desplazarse y a vivir una pesadilla que pensaron estaba superada y así lo dijeron en un consejo de seguridad.
Esta región del Meta, limítrofe con Huila, Cundinamarca y especialmente con la zona del Sumapaz, estuvo dominada por la extinta guerrilla de las FARC, una historia que, según el gobernador de ese departamento, Juan Guillermo Zuluaga, pareciera repetirse.
“Es poniendo como un paraestado, las extorsiones se han quintuplicado, no solamente están extorsionando comerciantes y empresarios, a los campesinos les están midiendo la finca, les cobran por hectárea de tierra, cobran por cabeza de ganado, por carga de plátano, por carga de yuca, por litro de leche. Están carnetizando a la gente a través de unas juntas de acción comunal”, indicó el gobernador del departamento del Meta.
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Las disidencias de la Segunda Marquetalia y las de Iván Mordisco se disputan el control de las rentas ilícitas, en un conflicto que golpea a la población.
Aunque en Cundinamarca, según el gobernador Nicolás García, no hay presencia confirmada de las disidencias, los alcaldes de municipios aledaños lanzaron un SOS.
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“Lo que pretenden es irse extendiendo, extendiendo hacia la localidad 20, entonces como alcaldes tenemos que empezar a blindar a nuestros ciudadanos”, señaló el alcalde del municipio de Pande, Diego Arenas.
Como parte de las medidas urgentes adoptadas en el marco del consejo de seguridad,la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llamó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a tomar control urgente de las tierras en manos del Estado.
“Porque de lo contrario, va a seguir siendo fuente de disputas, de amenazas y detenciones contra nuestros ciudadanos”, manifestó la alcaldesa López.
A esto se suman la presencia institucional y controles del ejército en sitios estratégicos.
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