Presuntamente revendían, desvalijaban o hacían que se perdieran vehículos. Un error de procedimiento los dejó libres, pero siguen vinculados al proceso.
El origen de esta investigación se remonta principios de 2016, cuando varias personas reportaron que sus vehículos desaparecieron de los parqueaderos judiciales a donde son llevados los carros confiscados, embargados o que se supone permanecían inmovilizados por infracciones.
"No sé cuántas veces han hecho uso del vehículo y, es más, no sé dónde está el vehículo, si en el parqueadero Buenos Aires o en el parqueadero Daytona, y nadie me da razón", decía Liliana Valencia, una víctima de esta banda en abril de 2016.
En esos parqueaderos pasaba mucho más.
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Casos de vehículos revendidos, desvalijados o perdidos, pero que debían estar en estos parqueaderos autorizados por la rama judicial, empezaron a salir a la luz y con ellos los responsables.
“Hay unos terceros intervinientes que pueden ser incluso los mismos administradores de los parqueaderos o de pronto personas allegadas a los despachos judiciales, quienes conocen de la situación del vehículo”, señalaba la Fiscalía en 2017.
Según las investigaciones, este entramado de corrupción estaría conformado por altos funcionarios judiciales, entre ellos Carlos Enrique Másmela, Fredy Antonio Tequía, Pedro Julio Gómez, Salomón Motta y Margarita Rosa Vega.
El pasado mes de marzo estos funcionarios fueron capturados y enviados a la cárcel por su presunta participación en esta red de corrupción. Sin embargo, en las últimas horas, el juez 24 de garantías les concedió la libertad, tras una orden de la Corte Suprema de Justicia.
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Según el alto tribunal, hubo un error de procedimiento al solicitar la medida de aseguramiento y se violó el debido proceso de los investigados.
Ahora, los cinco funcionarios de la rama judicial asumirán su proceso en libertad.
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