Tras una campaña de vigilancia en los sistemas de fotodetención del país, la Superintendencia de Transporte abrió investigaciones en seis ciudades. Medellín, Bello, Envigado y Sabaneta (en el Valle de Aburrá), así como Bogotá y Cali están bajo la mira de la entidad por presuntas irregularidades.
“Presuntamente habría algunos sistemas que no estarían autorizados, sobre todo en las ciudades de Medellín y Cali que tienen más de 80 puntos autorizados, como es el caso de Medellín, y aun así estarían utilizando puntos no autorizados por el Estado”, explicó Camilo Pabón, en entrevista con Noticias Caracol.
De acuerdo con el superintendente, también, hay fallas en la señalización de las cámaras de fotomultas, que según la norma deben ser anunciadas 500 metros antes. Los mismos conductores fueron los que denunciaron que estas irregularidades, pues los sistemas, en muchos casos, no cuentan con las señales requeridas.
“Hay dos posibles consecuencias de las investigaciones, la primera es la imposición de unas multas hasta por 700 salarios. Estas multas tienen que ver con no responder a los requerimientos de la Superintendencia, los cuales hicimos justamente para verificar cómo estaban operando estos sistemas, pero adicionalmente está la suspensión inmediata de las cámaras de fotodetención en caso de que encontremos que se ha infringido esta normatividad”, destacó Pabón.
Publicidad
Los resultados de las investigaciones, además, afectarían el bolsillo de los colombianos, que podrían impugnar sus comparendos ante la Secretaría de Movilidad correspondiente.
“Los ciudadanos pueden realizar dos acciones simultáneamente, una es presentar la queja ante la Superintendencia de Transporte para que revisemos que se esté cumpliendo con la ley y en caso de que no sea así suspender los sistemas, adicionalmente, para cada una de las multas y los comparendos que los ciudadanos tengan, se debe realizar el trámite ante cada una de las secretarías de los municipios para impugnar y defenderse, en caso de que lo consideren procedente”, resaltó Pabón.
Publicidad
El llamado del superintendente es que las autoridades locales de Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta, Bogotá y Cali estudien el fallo de la Corte Constitucional y revisen cómo se está operando estos sistemas para evitarse dolores de cabeza.