La Fiscalía General de la Nación
expidió un decreto con el cual se suspenden las órdenes de captura contra cinco jefes del autodenominado "Estado Mayor Central de las FARC-EP", grupo armado ilegal que no se acogió al acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla en 2016.
Se trata de Luis Carlos Pinilla Cortez (alias ‘Oscar Barreto’), Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González (alias ‘Caicedo’), Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, a quienes el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró como representantes con estatus político y que harán parte del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación de los diálogos con el Estado Mayor Central en el marco de la llamada paz total.
"Con pleno respeto al artículo 22 de la Constitución política de Colombia, que señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, una vez más facilito la paz de Colombia. Es por eso que en mi ejercicio de mis facultades he suspendido todas y cada una de estas órdenes de captura", precisó el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.
La decisión de la Fiscalía “estará vigente hasta el 30 de junio de 2023”, es decir, será de manera temporal, indicó el ente investigador, que a su vez se encargará de notificar a las demás entidades judiciales, como la Interpol “y a otras autoridades para efectos de que se dé inmediato y estricto cumplimiento”.
Además de la paz total, que busca acercamientos con distintos grupos armados como el ELN y otros frentes disidentes de las extintas FARC, otro de los proyectos ambiciosos del gobierno Petro es la ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales.
Este proyecto establece que las estructuras criminales acepten su responsabilidad penal por los delitos que hayan cometido, entreguen información sobre sus patrones criminales, ofrezcan reparación a sus víctimas, y a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre 6 y 8 años de cárcel efectiva, señalan desde el Senado.
Se contempla que, adicionalmente, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras desarrollan actividades de restauración y de reparación a sus víctimas y que cualquier integrante de estas bandas que incumpla estas condiciones pagará el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios.
Esta ley de sometimiento fue radicada ante el Congreso de la República el pasado 15 de marzo. Desde entonces ha recibido críticas que usted puede ver en los siguientes contenidos:
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