En un documento de 44 páginas, la Fiscalía hace llamado a juicio señalando que Emilio Tapia era el encargado de manejar varias de las empresas de la unión temporal Centros Poblados, a través de terceros, y fue quien hizo los contactos para tramitar y, posteriormente, pagar la garantía falsa que sirvió para la adjudicación del millonario contrato con el Ministerio de las TIC por más de un billón de pesos.
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Sobre el papel de Juan José Laverde, también detenido por el caso, el documento señala que fue el encargado de conseguir tal garantía, que luego fue entregada al tercer implicado en el caso, Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal Centros Poblados.
La Fiscalía insiste que Jorge Enrique López, quien no ha sido vinculado formalmente a la investigación, habría sido el encargado de elaborar la garantía falsa.
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Así las cosas, serán más de 230 pruebas, consignadas en dicho documento, las que expondrá el ente investigador en el juicio contra estos implicados en el caso de Centros Poblados.
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