También citó a Jairo Ortega. Las entrevistas quedaron programadas para el 27 y 28 de agosto. El ministro de Justicia fue asesinado en 1984.
Su magnicidio, según la investigación, habría sido ordenado por el cartel de Medellín y fue declarado de lesa humanidad.
El exparlamentario Ortega fue cercano a las actividades políticas que desarrolló en su momento el máximo jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, abatido por policías en diciembre de 1993 en Medellín tras varios años de fuga.
"En caso por asesinato de exministro Rodrigo Lara Bonilla (...) la Fiscalía citó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero y a Jairo Ortega", informó la Fiscalía en Twitter.
Santofimio deberá cumplir la diligencia judicial el 27 de agosto y Ortega el 28, explicó la Fiscalía.
#ATENCIÓN: Importante decisión en estrategia de esclarecer magnicidios. En caso por asesinato de exministro Rodrigo Lara Bonilla, (30/04/84), #Fiscalía citó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero y a Jairo Ortega. Quedaron programadas para 27 y 28 de agosto, respectivamente
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 16, 2018
En la actualidad, Santofimio está preso pagando una condena por haber sido el determinador del asesinado del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 17 de agosto de 1989 en Soacha, población vecina de Bogotá.
Cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a Santofomio dijo que el asesinato buscó impedir que Galán se convirtiera en presidente de Colombia y activara el mecanismo de la extradición, al que tanto le temían los narcotraficantes.
El homicidio de Galán, que se perfilaba como el más seguro sucesor del entonces gobernante Virgilio Barco (1986-1990), fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín, dirigido por el capo Escobar, con sectores políticos y agentes estatales contrarios a la figura de la extradición.
Lara Bonilla, ministro del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986), fue tiroteado en una avenida de Bogotá por sicarios del cartel que se movilizaban en una motocicleta, según las investigaciones de las autoridades.
La Fiscalía declaró el crimen de Lara Bonilla como de lesa humanidad, en julio de 2011, y desde entonces ha decretado más de 50 pruebas y diligencias que se están practicando para esclarecer ese asesinato.