La Fiscalía le imputó cargos al actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo , por presuntas irregularidades en la construcción de la megabiblioteca San Pedro Alejandrino, en Santa Marta.
Según explicó el ente investigador, durante la audiencia de imputación de cargos, la construcción de la megabiblioteca tuvo irregularidades y sobrecostos en el orden de los 5.000 millones de pesos. También señaló que el proyecto tenía falencias técnicas que iban en contra de la normatividad.
La Fiscalía cree que se le quiso dar un tamaño a la obra más grande de lo que en realidad era. "Lo cual puedo tener implicaciones en un aumento o exceso del presupuesto del proyecto y posterior contratación", indicó el fiscal.
Estos hechos ocurrieron en 2014, cuando Carlos Caicedo era alcalde de Santa Marta. El gobernador deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
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El contrato de la megabiblioteca no es el único que enreda a Carlos Caicedo. Otro que la Fiscalía tiene en la mira fue suscrito en 2015 y tenía como objeto la construcción de dos centros de desarrollo infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta.
El presupuesto para estas obras era de $6.954 millones. Sin embargo se presentó un sobrecosto de 979 millones.
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Otro caso son las inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato para la adecuación del coliseo de Gaira, en el que se habría presentado un sobrecosto de 690 millones.
¿En qué consistió el ‘robo al Magdalena’?
El caso conocido en la costa Caribe como el ‘robo al Magdalena’ involucra al actual gobernador del departamento, Carlos Caicedo, así como a los exmandatarios Miguel Cotes y Rosa Cotes.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en este departamento “habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron en valor los 457.000 millones de pesos”.
También se detectaron irregularidades administrativas, incumplimiento en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos, de recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros.
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