Este 21 de noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra la exministra de Deporte María Isabel Urrutia Ocoró , por posibles hechos de corrupción relacionados con un contrato por 4.950 millones de pesos.
De acuerdo con el ente investigador, en agosto de 2022 al Ministerio del Deporte se le ordenó encargarse de un proceso de contratación para la implementación del software 'Sistema de Validación Nacional'.
Con este, se pretendía asociar boletería al documento de identidad de hinchas de fútbol y la verificación de antecedentes, para así poder hacer efectivas las restricciones de ingreso a los estadios.
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Escándalo de contratación de María Isabel Urrutia
Las investigaciones adelantadas dieron cuenta de que la entonces ministra, María Isabel Urrutia Ocoró, habría violentado los parámetros y normas establecidos en el ordenamiento (Decreto 1622), puesto que se esclarecía que la escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes, y este fue seleccionado de manera directa.
"La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto", destacaron.
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Al parecer, la exministra desconoció las repetidas advertencias hechas por su equipo técnico y jurídico con relación a las maniobras ilegales realizadas durante la contratación, suscribiendo el 30 de diciembre de 2022 un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta.
El material probatorio también estableció que se incluyó el aval de funcionaros que no participaron en la estructuración de las condiciones y la selección del beneficiario, además de no justificar por qué se hizo contratación directa en lugar de convocar una licitación pública.
Se señala que, en el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado, ni se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni el valor de las actividades previstas, fijándose en un costo de 4.950 millones de pesos colombianos.
Además del precio, las irregularidades con el ordenamiento habilitado a la exministra María Isabel Urrutia también están relacionadas con que este debía ser contratado bajo la premisa del "diseño e implementación del sistema de validación nacional" y acabó siendo con el objeto del "análisis de la implementación del sistema de validación nacional”.
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¿De qué se acusa a María Isabel Urrutia?
Por los hechos relacionados con la implementación del Decreto 1622 de 2022, María Isabel Urrutia fue imputada con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.
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