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La Fiscalía General frenó los preacuerdos que adelanta con Emilio Tapia y el representante de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, porque al parecer gran parte del anticipo entregado a la unión temporal sigue moviéndose en Estados Unidos y España. El organismo pide que se entregue la totalidad del dinero.
Noticias Caracol conoció que en el caso de Emilio Tapia, la investigación no ha tenido grandes avances, ya que no ha aportado nada nuevo en los múltiples interrogatorios que ha entregado y se ha limitado a decir que él solo puede responder por la parte que él recibió.
Situación similar ocurre con Luis Fernando Duque, quien fue el representante legal de Centros Poblados y quien venía negociando un preacuerdo.
Según los investigadores, Duque asegura que está dispuesto a entregar los equipos comprados y la infraestructura instalada en los puntos digitales, petición a la que no quiere acceder la Fiscalía ya que estos puntos no sirven.
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El ente judicial, además, ha encontrado importantes movimientos de dinero que hacían parte de Centros Poblados, por lo que presumen que los dos implicados estarían mintiendo al decir que no conocen lo que ocurrió con estos recursos.
Entretanto, la Supersociedades sancionó a las cuatro empresas que conforman la unión temporal:
La entidad impuso multas por valor de $272’310.000 a los administradores de las respectivas compañías ($90’770.000 a cada uno), por no suministrar las informaciones y documentos requeridos, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas sucesivas hasta que se allegue la información solicitada.
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Hasta el momento, el único de los vinculados a la investigación que ha logrado negociar con la Fiscalía es Juan José Laverde, quien al parecer ayudó en la consecución de las garantías falsas para la adjudicación del millonario contrato.
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