La Fiscalía General de la Nación radicó un principio de oportunidad a favor de Day Vásquez, en el marco del proceso que se adelanta contra su exesposo, Nicolás Petro Burgos,
por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El documento fue llevado ante el Centro de Servicios de la ciudad de Barranquilla, con el fin de que se le imparta legalidad por parte de un juez de la República, señaló el ente investigador en un comunicado.
“El principio radicado tiene un término de dos años para que la imputada cumpla con todos los compromisos y le otorga inmunidad total. Dicho principio contempla 4 delitos y compromete a Dayssuris Vásquez como testigo contra Nicolas Petro Burgos y otras personas”, precisa el documento.
El ente investigador recordó que Day Vásquez fue imputada como “coautora del delito de lavado de activos en la modalidad de adquirir, invertir administrar, almacenar, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad al dinero producto del delito de enriquecimiento ilícito, esta última conducta, realizada por su esposo, Nicolas Petro Burgos. También le fue atribuido el delito de violación de datos personales”.
“El principio de oportunidad radicado el día de hoy (miércoles 13 de diciembre, de 2023) le daría a Dayssuris Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente”, precisó la Fiscalía General de la Nación.
Según la entidad, esta solicitud se realizó porque la información que brindó Day Vásquez “posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse y, por otra parte, se comprometió a declarar contra Nicolas Petro Burgos y otras personas que estarían involucradas en las conductas delictivas mencionadas”.
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“Se resalta que la colaboración de Dayssuris Vásquez constituye una condición sin la cual no hubiera sido posible tener conocimiento de graves atentados que se habrían cometido contra los bienes jurídicos del orden económico-social, la administración pública, la fe pública, la información y los datos personales”.
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