La Justicia Especial para la Paz (JEP) avanza en su trabajo de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos en el conflicto armado colombiano, una función que le fue entregada tras la firma del acuerdo de paz con las FARC.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, estuvo este martes en Conversaciones de País, la sección matutina de Noticias Caracol. Allí habló con nuestra periodista María Alejandra Villamizar sobre los macrocasos que tiene la justicia transicional en sus manos, los procesos que se avecinan y reiteró las acusaciones que este tribunal tiene sobre actuaciones de la Fiscalía, cuando Néstor Humberto Martínez estaba a la cabeza de la entidad.
¿Cuál es el reto actual de la JEP?
La JEP está en su pleno funcionamiento, hemos abiertos los 11 macrocasos en los que vamos a trabajar después de un esfuerzo de investigación muy grande. Vienen los juicios, las sentencias, las sanciones. Es un momento clave para nosotros.
¿Cuáles son esos macrocasos?
Estamos juzgando a los exmiembros de las FARC, la fuerza pública y a terceros. Dentro de eso, tenemos casos claves como el secuestro por parte de las FARC y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública. Y de allí en adelante una cantidad de casos que apuntan a acciones de las FARC como reclutamiento forzado y violencia sexual.
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También estamos apuntando a cierto tipo de víctimas: por ejemplo, la violencia contra pueblos étnicos, contra la UP. O en casos regionales como Nariño y la costa.
Lo que va a ser más desafiante para la JEP son las vinculaciones en el actuar de la fuerza pública con grupos paramilitares y terceros. Y con esos macrocasos esperamos cubrir los hechos más graves del conflicto interno.
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¿En el macrocaso del secuestro qué decisiones se avecinan?
En el macrocaso uno ha habido un trabajo intenso y hemos terminado una primera fase de investigación que tiene un avance concreto: unos aportes de verdad muy sustanciales de los antiguos miembros del secretariado de las FARC, que hicieron una confesión de hechos que, al confrontarse con las víctimas, hizo aportes sustanciales de verdad. Pero, sobre todo, reconocieron la verdad.
Sobre ese reconocimiento la JEP llevará la última parte que es el juicio, esto le corresponde al tribunal de la JEP. Al final se impondrán sanciones propias, que son proyectos que contribuyen a la reparación de las víctimas y bajo condiciones particulares de restricción de derechos, que oscilan entre 5 y 8 años.
Buscamos que al final de los juicios estas personas pasen la hoja del conflicto y puedan reintegrase a la sociedad.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, ¿también se acercan decisiones?
Estamos en una etapa similar y allí también ha sido muy importante el resultado. En la JEP se conocieron eventos que no se conocían, que desbordan por completo lo que el sistema judicial había podido averiguar. Y allí también hubo un reconocimiento muy valiente de los exmiembros de la fuerza pública.
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Y eso ha contribuido a la legitimidad para la fuerza pública, que está dispuesta a asumir sus responsabilidades de cara al país y a tomar medidas para ir adelante.
También están en la etapa de juicio y estarán juntos en las sanciones con antiguas víctimas de las FARC.
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La JEP ha hecho una denuncia grave alrededor del caso de Jesús Santrich. Dicen que en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez una de las funcionarias tuvo que ver en este caso.
Hemos invocado un principio ético que ilumina el trabajo de la JEP, que es el de la justicia restaurativa. En este caso, la JEP no es un organismo investigativo, sino que nos hemos presentado como víctimas de unas conductas que creemos que constituyen delitos.
¿Qué conductas fueron esas? Básicamente conductas institucionales, de cuestiones que ocurrieron en la Fiscalía anterior. Creemos que fue una cuestión más allá de ser antiética, sino que creemos que constituye delito y que consistió en que, teniendo ellos el deber de ofrecer la información completa a la JEP para tomar decisiones de nuestra competencia, lo que hicieron fue ocultarla o mandarla falsa en un momento que era absolutamente clave para el país, como era la definición de un caso tan difícil como el de Santrich.
¿Hubo una manipulación de las pruebas y de la información?
Nos hemos referido a la actividad de la Fiscalía, que obstruyó las funciones de la JEP. Pero también hemos sido claros en que no nos corresponde calificar estas acciones.
En la investigación lo que encontramos fue un trabajo de asistencia judicial solicitado por autoridades judiciales EE. UU. a la Fiscalía y en el desarrollo de esta asistencia judicial, común entre los dos países, hubo fue un ocultamiento de información a la JEP.
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¿Cómo está la colaboración hoy en día?
Hay un trabajo colaborativo y profundo, tenemos una confianza con la Fiscalía. El trabajo con la justicia es cada vez más estrecho.
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