La Fiscalía citó al exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio Archila para que "entregue la información que tenga al respecto" de la presunta corrupción denunciada en el manejo de los fondos para la implementación del acuerdo de paz.
La semana pasada, una investigación periodística denunció que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10 % de los recursos de un fondo destinado a proyectos de paz.
Según la investigación, Emilio Archila, que entonces presidía el OCAD Paz en su rol de consejero presidencial, había recibido correos que denunciaban dicho entramado y que los involucrados estaban "extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (...) les den el ok".
En ese sentido, este martes la Fiscalía informó que ha revisado las "denuncias relacionadas con el tema" y ha encontrado varias "noticias criminales" al respecto.
"Sobre estas noticias se vienen realizando acciones de policía judicial y de recolección de material probatorio, evidenciando dificultades porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades", dijo el ente en un comunicado, donde aseguró que el caso recibirá "una asignación especial" y se le dará agilidad a la investigación.
La Fiscalía también tomó nota de que Archila "señaló que había remitido la denuncia de un subalterno suyo acerca de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la paz" y por ello lo citó a declarar "el próximo viernes 8 de julio para que entregue la información que tenga al respecto".
La denuncia
En el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.
Según una investigación de Blu radio,
"solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares)".
El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía "distribuir los recursos con equidad" y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.
En la investigación se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a Archila, a varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.
También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que "elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones" y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según relatos recabados, para que priorizara un proyecto, el alcalde necesitaba "tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas".
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