Este proceso se suma a las 14 líneas que maneja el ente investigador por las interceptaciones ilegales.
“Habrá primero que mirar cuáles son los sistemas que se utilizan, si se han utilizado. Cuáles son las labores y los resultados de esa auditoría interna para empezar a tomar una decisión”, aseguró Fabio Espitia, fiscal general encargado.
Ahora, un fiscal delegado ante la Corte Suprema indagará las revelaciones hechas por la revista Semana sobre interceptaciones ilegales a políticos, magistrados y periodistas realizadas por miembros del Ejército Nacional.
El fiscal (e) Espitia también se refirió al micrófono encontrado en el despacho del magistrado César Augusto Reyes, quien lleva una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe.
“Estamos elaborando un informe técnico de cuándo sería eso, de qué conexiones, de la actualidad. Verificando, además, las anteriores oficinas que existieron allí donde actualmente funciona la sala de instrucción”, agregó el funcionario.
La Fiscalía dice desconocer las razones por las que se habrían cometido actos ilícitos y quiénes son las víctimas.
Lo que sí advirtió es que pedirá a la corte y a la Procuraduría que compartan la información que tienen en su poder sobre los hechos para avanzar en la investigación.
De acuerdo con la revista Semana, desde dos guarniciones militares se utilizaron sofisticados equipos -destinados a interceptar comunicaciones de disidencias de las FARC- para chuzar a magistrados, altos mandos, periodistas y magistrados.
Parte de esa información, denunció la publicación, dio a parar en las manos de un congresista del Centro Democrático que hasta ahora no ha sido identificado.
Este lunes, el general Nicacio Martinez reiteró que dejó la jefatura del Ejército por temas personales y designó a Jaime Granados como abogado para emprender acciones legales por las denuncias en su contra.
“Jamás he dado orden alguna contraria a la ley”, precisó.
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